Adriana Caldera
Así como la continuidad de la llamada Cuarta Transformación implementada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aplicada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, ha significado un grave retroceso para México, una vez que no se han logrado combatir los grandes males que aquejan a la nación, la elección popular para elegir a más de mil 600 jueces habla de un grave riesgo para el país.
Una de las principales dudas que rayan en la preocupación ciudadana, radica en la posibilidad de que al designar a los jueces mediante esa medida, se obtenga una creciente infiltración del crimen organizado en el sistema judicial mexicano.
Es decir, sin control alguno, estarán emanando mujeres y hombres que se encargarán de hacer justicia en el país, muchos de ellos con sobrada capacidad al emanar de las diversas universidades en materia legal, pero otros tantos elegidos al azar con credenciales profesionales inadecuadas para ejercer dicha actividad, pero con respaldo económico enorme por parte de quienes encabezan los cárteles nacionales que de esa forma buscarán quedar a buen resguardo y seguir burlando la acción de la justicia.
De acuerdo a la periodista Alejandra Rodríguez, el pasado 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de México desestimó un fallo que buscaba limitar el alcance de la reforma que había sido aprobada en septiembre de 2024. En su lugar, aprobó el presupuesto para la primera ronda electoral que tendrá lugar en junio de 2025.
La reforma también plantea cambiar el modelo de nombramiento actual basado en exámenes profesionales a un sistema de elección popular, que a su vez reduce los requisitos necesarios para ocupar cargos judiciales.
La comunicadora de InSight Crime habló con Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una organización sin ánimo de lucro con experiencia en materia de seguridad ciudadana, justicia y paz, quien analizó los riesgos que presenta la reforma para los casos judiciales en el país y la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial.
Ahí se revela que la reforma judicial no está pensada para realmente dar solución a los problemas de corrupción, nepotismo, impunidad, y austeridad. Tiene muchos cambios normativos y técnicos que van a tener impactos negativos en el tema de delincuencia organizada.
La reforma judicial contraviene abiertamente los principios sobre los cuales funciona el sistema penal acusatorio en México, que establece que cuando un caso alcanzó su fase de juicio oral y está frente a un juez, ese juez no puede ser removido del caso a la mitad del juicio. Si el juez es removido a la mitad del juicio, entonces el caso tiene que volver a empezar. Y eso, en el fuero federal, que es en donde se va a implementar la reforma, podría afectar los casos penales que tengan que ver con delincuencia organizada: extradiciones, desapariciones, secuestros, narcotráfico, corrupción, peculado, etc.
Preocupa por igual que se debiliten los tribunales civiles porque la reforma valida que las cuatro Fuerzas Armadas Mexicanas, incluida la Guardia Nacional, participen en seguridad pública y sus tribunales tengan jurisdicción militar. En ese sentido, puede haber aún más dificultad de sancionar el uso excesivo de la fuerza, los propios delitos y la colusión de delincuencia organizada que involucren a las fuerzas de seguridad. Además, el sistema tendrá muchos procesos que se van a tener que reiniciar, y que hará que los tribunales militares obtengan mayor capacidad de aumentar su jurisdicción.
Finalmente, al eliminar los requisitos de carrera judicial, eliminará la capacidad técnica para abordar los casos. Entonces, el resultado es una desprofesionalización absoluta del Poder Judicial.
Lo cierto es que elegir a ese nutrido grupo de jueces para México mediante el voto popular tendrá graves consecuencias para los ciudadanos que se ven asediados por la delincuencia y la criminalidad, porque si teniendo el sistema actual de justicia hay culpables libres e inocentes encarcelados, es evidente que la impunidad habrá de crecer a modo irreparable.
En el país, actualmente se acumulan más de 60 mil casos no resueltos de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de que nueve de diez casos no se denuncian y de los que sí, solo un mínimo porcentaje se investiga.
Lo cierto es que con la elección popular de jueces en México, los problemas de derechos humanos se verán transgredidos con mayor fuerza y se tendrán mayores casos de criminalidad justo cuando cualquiera de los jueces que fueron amparados con recursos provenientes del crimen organizado no cumplan con la tarea encomendada.
