Durango, Dgo. – La Secretaría de Salud de Durango ha ignorado las solicitudes de diálogo realizadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) para atender la situación de los más de 600 trabajadores de salud que han sido despedidos en los últimos meses. Ante la falta de respuesta y la prolongación del conflicto, los afectados han decidido emprender acciones legales contra las autoridades estatales.
La STyPS intentó mediar en el conflicto laboral con el objetivo de lograr una conciliación y una separación en buenos términos. Sin embargo, las autoridades de Salud se negaron a participar en las mesas de diálogo, lo que ha dejado a los trabajadores sin opciones más que recurrir a la vía legal.
La falta de voluntad de la Secretaría de Salud para resolver el conflicto ha agravado la situación, pues los trabajadores, muchos de los cuales se desempeñaron en primera línea durante la pandemia, han expresado su indignación por lo que consideran un trato injusto y la falta de reconocimiento a su labor.
A nivel nacional, el sector salud en México emplea a más de 1.2 millones de trabajadores, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, el país enfrenta una crisis laboral en este rubro, con denuncias recurrentes sobre despidos injustificados, falta de pagos y precarización laboral. Tan solo en 2022, se registraron más de 5,000 quejas laborales relacionadas con el sector salud en todo el país.
En Durango, el sector salud es uno de los más importantes, ya que el estado cuenta con una población de aproximadamente 1.8 millones de habitantes, de los cuales cerca del 30% depende de servicios públicos de salud. Según cifras oficiales, el estado tiene alrededor de 12,000 trabajadores de salud, lo que significa que los 600 despidos representan cerca del 5% de la fuerza laboral en este sector. Este recorte ha generado preocupación sobre la capacidad del sistema de salud estatal para atender a la población, especialmente en zonas rurales y marginadas.
Los despidos masivos no solo afectan a los trabajadores, sino que también podrían tener un impacto directo en la calidad y cobertura de los servicios médicos en Durango. El estado ya enfrenta desafíos significativos en materia de salud, como una tasa de mortalidad materna de 32.5 por cada 100,000 nacimientos (superior a la media nacional) y una creciente demanda de atención médica debido a enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
Además, Durango es uno de los estados con menor densidad de personal médico en el país, con apenas 1.4 médicos por cada 1,000 habitantes, cifra por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere al menos 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes. La reducción de personal podría agravar esta situación, especialmente en comunidades alejadas de las zonas urbanas.
Los trabajadores despedidos exigen una solución integral que incluya su reinstalación o, en su defecto, una indemnización justa y acorde con la ley. Además, han solicitado que se garantice la estabilidad laboral para el resto del personal de salud, quienes temen que los despidos continúen.
La situación ha puesto en evidencia las tensiones entre las dependencias gubernamentales y ha dejado en entredicho la capacidad de las autoridades para resolver conflictos laborales de manera efectiva. Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan organizándose para defender sus derechos y buscar justicia a través de los tribunales.
Este caso podría sentar un precedente en materia de derechos laborales en el sector salud, especialmente en un contexto en el que los trabajadores médicos han sido reconocidos como esenciales. La sociedad duranguense espera que las autoridades correspondientes asuman su responsabilidad y encuentren una solución pronta y equitativa para los afectados.
