De verse afectados por la entrega “unilateral” de agua a Estados Unidos, es probable que se retomen acciones legales por parte de los usuarios del Distrito de Riego 025, quienes mantienen activas dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además podrían recurrir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló Jorge Luis López, vocal del Consejo de Cuenca del Río Bravo.
Dijo es un escenario que se vislumbra, porque ya se han defendido ante esas instancias y la SCJN hace tres años determinó que los daños causados a los concesionarios tamaulipecos se tienen que resarcir.
“Pagar los daños y perjuicios sería lo más viable, ya lo ha ordenado la Suprema Corte cuando se presentaron amparos y también se recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no resuelve dos juicios”.
Expresó que de no tomarse en cuenta a los productores, es probable que el Distrito 025 se organice nuevamente y retome acciones legales. Precisó que a la Corte Interamericana se acudió porque no se respetó un amparo, mientras la SCJN dejó abierta la posibilidad de que los usuarios regresen.
“Obviamente va a haber una afectación de su derecho, entonces el gobierno podría pagar los daños que se produzcan por tomar esa agua, se ha calculado una suma de hasta 5 mil millones de pesos, ya se hizo en una ocasión, parcialmente, y se incluyó en el Presupuesto de Egresos para cubrirlo al año siguiente”.
La Suprema Corte concluyó, dijo López Martínez, que si hay daños hay que pagarlos, “es lo mínimo que legalmente tendría que hacerse”, enfatizó el entrevistado. Este conflicto lleva un largo camino jurídico, pues desde el año 2000 se promovió un amparo y se otorgó la suspensión definitiva en favor de los usuarios, pero aún así se les quitó el agua en aquel momento, para enviarse a los Estados Unidos.
Afirmó que este año ya se tomaron 62 millones de metros cúbicos de agua concesionada para enviarse al vecino país, lo que ocurrió, dijo, en el pasado mes de enero y se manejó como un excedente. “La revolvieron con un trasvase que hicieron de la presa El Cuchillo”, dijo.
“De no ser tomados en cuenta ahora, los usuarios pueden promover una nueva intervención ante la Suprema Corte de Justicia, donde se dejó abierta la posibilidad de regresar, amén de que también está abierto lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
