Por: Pedro Martínez Coronilla
El lema de “no endeudar al país y el manejo responsable de las finanzas públicas” fue una de las banderas más sobadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su administración. Sin embargo, al finalizar su sexenio, los datos revelan una realidad diametralmente opuesta: no solo aumentó la deuda pública, sino que su manejo distó mucho de ser responsable.
Esta situación afecta las necesidades de infraestructura y desarrollo social, dos rubros que afectan a los más desposeídos.
Según datos oficiales, el sexenio anterior cerró con la deuda pública más alta registrada en la historia de México, alcanzando los 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa que cada mexicano debe, en promedio, 131 mil 738 pesos, una cifra 17.5 % mayor a la dejada por Enrique Peña Nieto. El incremento de la deuda fue de 45.5 % durante este periodo.
Además, el costo financiero de la deuda alcanzó niveles históricos en el primer trimestre de 2025, con 302.7 mil millones de pesos destinados únicamente al pago de intereses y comisiones. ¿Y cómo lo solucionó el gobierno? Pues dejando de invertir en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura, afectando directamente a estados con menores recursos.
Durango, un estado con un PIB per cápita por debajo de la media nacional y con altos índices de pobreza en zonas rurales, ha sido testigo de cómo el aumento de la deuda federal no se traduce en mejoras tangibles.
A pesar de que el gobierno federal ha promovido programas sociales, estos no han sido suficientes para compensar la falta de inversión en infraestructura básica.
En 2024, Durango recibió apenas el 2.3 % del presupuesto federal destinado a infraestructura, a pesar de que el estado requiere urgentemente mejoras en carreteras, hospitales, vivienda, escuelas y la introducción de servicios básicos en pueblos y colonias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 40 % de las carreteras en Durango presenta deterioro grave y el 30 % de las escuelas carece de acceso a agua potable.
Estas carencias contrastan con el discurso de “austeridad republicana” y “manejo responsable” de los recursos.
El gasto en infraestructura del sector público federal cayó un 33.5 % en el primer trimestre de 2025. Esta reducción también afecta a Durango, donde proyectos clave, como la modernización de la carretera Durango-Mazatlán o la ampliación del Hospital General 450, se han visto retrasados por falta de fondos.
Además, la caída en los ingresos petroleros —una fuente importante de financiamiento para el estado— ha exacerbado la situación.
Durango depende en gran medida de los recursos federales, ya que su capacidad de recaudación local es limitada. Según la Secretaría de Hacienda, en 2024, el 65 % del presupuesto de Durango provino de transferencias federales.
Con una deuda nacional en aumento y menos recursos estatales disponibles, el estado enfrenta un escenario complicado para atender sus necesidades básicas.
El endeudamiento no es malo como tal, siempre y cuando se utilice para proyectos que generen crecimiento económico.
Sin embargo, no hay evidencia de que los préstamos adquiridos por el gobierno federal hayan sido invertidos en obras que impulsen el desarrollo en el país. Por el contrario, la falta de transparencia en la asignación de recursos ha generado desconfianza entre la población.
Además, los programas sociales, esos de los que tanto presume el gobierno federal, se hacen cada vez más insostenibles, debido a que son financiados precisamente por ese endeudamiento público y no han tenido resultados palpables en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos ni en el crecimiento económico.
Un ejemplo claro es el programa “Sembrando Vida”, que, aunque ha llegado a algunas comunidades y municipios de Durango, no ha logrado reactivar el sector agrícola —uno de los más importantes para la economía local— debido a la falta de seguimiento y apoyo técnico.
Mientras tanto, la deuda sigue creciendo, y los duranguenses no ven mejoras sustanciales en su calidad de vida.
¿Y entonces cómo sobreviven las familias duranguenses? Pues la mayoría sobrevive de las remesas que envían sus familiares, principalmente desde Estados Unidos. Las remesas que llegan a las familias representan una fuente importante de ingresos para muchos hogares, especialmente en comunidades con alta migración hacia ese país.
Según datos del Banco de México (Banxico), en 2023, Durango recibió mil 200 millones de dólares (USD) en remesas; en 2024, fue de mil 350 millones de dólares, un crecimiento del 8 % frente al mismo periodo de 2023.
Estas remesas se utilizan en: 60 % para gastos diarios (alimentos y servicios), 25 % para educación y salud, y el 15 % en inversión en negocios o vivienda.
El aumento de la deuda pública durante el sexenio de AMLO no sólo representa una carga financiera para las generaciones futuras, sino que ha dejado a las entidades en una posición de vulnerabilidad. Sin inversión en infraestructura, educación y salud, enfrentan desafíos significativos para lograr un desarrollo sostenible.
Es urgente que los próximos gobiernos, tanto federales como estatales, prioricen el uso responsable de los recursos y destinen el endeudamiento a proyectos que generen ingresos y bienestar real para la población. De lo contrario, nuestro país seguirá atrapado en un círculo vicioso de deuda y subdesarrollo.
Deber por deber no es la solución, y hasta ahora parece que sólo hemos acumulado deudas, sin ver los frutos prometidos.
