Por José Emilio Soto
México enfrenta una crisis multifacética que se manifiesta tanto en la violencia delictiva como en la represión hacia sectores vulnerables, como los estudiantes. El reciente informe de México Evalúa revela un panorama desolador: homicidios dolosos, extorsión, narcomenudeo y secuestros han convertido a 31 de las 32 entidades del país en territorios inseguros.
Paralelamente, eventos como el desalojo violento de estudiantes en Oaxaca evocan los fantasmas de Tlatelolco y Ayotzinapa, recordándonos que la represión sigue siendo una herramienta del poder. La inseguridad y la violencia son fenómenos o síntomas de un sistema fracturado que prioriza el control sobre el bienestar social.
El informe «Violencia delictiva en los estados, enero – abril 2025» destaca que la violencia se concentra en entidades como la Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Tabasco, donde la seguridad se ha deteriorado aceleradamente. Estados como Colima, Morelos y Sonora siguen siendo epicentros de homicidios, mientras que Guanajuato lidera en extorsión y San Luis Potosí en narcomenudeo. Estos datos no son solo números; reflejan la incapacidad del Estado para garantizar condiciones básicas de seguridad, a pesar de las promesas de gobiernos anteriores y actuales.
La situación es particularmente grave en la CDMX, donde el asesinato de colaboradores cercanos a la jefa de gobierno evidenció la sofisticación del crimen organizado. Esto demuestra que la violencia no es un problema marginal, sino una realidad que permea incluso las esferas del poder.
Mientras la delincuencia avanza, el Estado recurre a viejas prácticas represivas para silenciar demandas sociales. El desalojo violento de estudiantes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ordenado por el presidente municipal morenista César Figueroa Jiménez, es un ejemplo escalofriante. Los jóvenes fueron expulsados del albergue «Dr. Juan Manuel Celis Ponce» sin acceso a sus pertenencias, a pesar de contar con un contrato de comodato por 99 años.
Este acto no solo viola acuerdos legales, sino que evoca los peores momentos de la historia mexicana, como la masacre de Tlatelolco en 1968 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Lo más preocupante es que estos hechos ocurren bajo un gobierno que surgió como abanderado de la justicia social. Morena, fundado por López Obrador, se construyó sobre la crítica a la represión priista. Sin embargo, hoy sus representantes replican las mismas tácticas autoritarias que alguna vez denunciaron. La incongruencia es evidente: mientras se promueve una retórica de «transformación», las prácticas represivas continúan.
Frente a estos abusos, los estudiantes no están solos, pues la Federación Nacional de Estudiantes «Rafael Ramírez» (FNERRR) ha tomado la defensa del albergue en Oaxaca, organizando protestas y exigiendo la restitución del inmueble. Esta organización, con más de 26 años de activismo, encarna la resistencia frente a un sistema que criminaliza la juventud en lugar de brindarle oportunidades.
La FNERRR no solo lucha por un edificio; representa una demanda histórica: educación digna, acceso a recursos y respeto a los derechos estudiantiles, su movilización es un recordatorio de que la sociedad civil puede ser un contrapeso al poder arbitrario. Sin embargo, el Estado parece empeñado en ignorar estas voces, optando por la fuerza en lugar del diálogo.
La inseguridad y la represión estudiantil son dos caras de una misma moneda: la incapacidad del Estado para resolver problemas estructurales, mientras la violencia delictiva crece, el gobierno recurre a medidas represivas para ocultar su fracaso en garantizar seguridad y justicia. Este actuar no solo profundiza la desconfianza ciudadana, sino que alimenta un círculo vicioso de violencia e impunidad.
Es urgente que las autoridades reconozcan que la fuerza no es la solución, los estudiantes de Oaxaca, como los de Tlatelolco y Ayotzinapa, merecen respuestas, no balas o desalojos, del mismo modo, la ciudadanía exige acciones concretas contra la delincuencia, no discursos vacíos.
México está en una encrucijada, puede seguir repitiendo los errores del pasado o elegir un camino donde la seguridad y la justicia sean derechos, no privilegios. La elección es clara: o se prioriza el bienestar social o se perpetúa la crisis, la sociedad, especialmente los jóvenes, ya está dando la batalla. ¿El gobierno estará a la altura?
La combinación de inseguridad y represión estudiantil pinta un panorama desolador, pero también ofrece una oportunidad para cambiar el rumbo. La resistencia de organizaciones estudiantiles como la FNERRR demuestra que hay esperanza.
Sin embargo, sin un compromiso genuino del Estado, estos esfuerzos pueden quedar en vano, México merece un futuro donde la seguridad y la educación no sean lujos, sino pilares fundamentales. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a construirlo juntos?
La historia juzgará a este gobierno no por sus promesas, sino por sus acciones, una de dos o aprendemos de los errores del pasado o estamos condenados a repetirlos.
