El sistema de justicia penal en Coahuila enfrenta una severa crisis por la acumulación de procesos judiciales sin resolver, situación que ha sido calificada como alarmante por organizaciones civiles como México Evalúa y Red Justicia Coahuila.
De acuerdo con los más recientes informes, la sobrecarga del sistema no solo genera retrasos en los juicios, sino que también obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas, especialmente en delitos como violencia familiar y de género. “Las autoridades no se dan abasto. Hay personas esperando audiencias durante meses y sin protección efectiva”, denunció María Eugenia Ramos, activista de derechos humanos.
Ante esta situación, colectivos han propuesto rediseñar la política criminal del estado con base en la evidencia y la participación ciudadana, así como reforzar los mecanismos de justicia alternativa. También se exige una mayor coordinación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la sociedad civil, para combatir la impunidad y garantizar una justicia más eficiente y humana.
El gobierno estatal no ha emitido una respuesta oficial, pero fuentes cercanas al Congreso local aseguran que ya se discuten posibles reformas estructurales para 2026.
