Por Noel González Jiménez
Cada temporada de lluvias en México deja a su paso no solo inundaciones, familias sin su hogar, pérdidas materiales y deslaves, sino también la evidencia cruda de un país donde la prevención brilla por su ausencia y las autoridades parecen reaccionar tarde o simplemente no reaccionan.
Año con año, comunidades enteras pierden viviendas, cosechas, caminos y hasta vidas por lluvias que, si bien intensas, no son imprevistas. El país conoce su geografía, su clima y sus zonas de riesgo, pero la falta de inversión en infraestructura preventiva, sumada a la indiferencia institucional, convierte fenómenos naturales en tragedias humanas.
En gran parte del territorio nacional basta una tormenta fuerte para que colapsen drenajes, se desborden canales y queden familias atrapadas por el agua. Las imágenes se repiten: autos flotando, casas inundadas, albergues improvisados, y ciudadanos intentando salvar lo que pueden con cubetas o con las manos.
Los gobiernos municipales y estatales muchas veces se declaran «rebasados», mientras la ayuda federal llega, si es que llega, meses después. La población, mientras tanto, queda a merced de la solidaridad entre vecinos o grupos civiles.
Uno de los golpes más duros en materia de protección civil fue la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, una herramienta que durante décadas permitió atender de forma inmediata emergencias naturales. Aunque se justificó su eliminación bajo el discurso de “combate a la corrupción” y “centralización del gasto”, lo cierto es que hoy, ante cada desastre, los apoyos son lentos, discrecionales y opacos.
Sin un mecanismo sólido y transparente de respuesta, el gobierno ha quedado atrapado entre la improvisación y el olvido. Y los damnificados también.
Las zonas indígenas y campesinas, históricamente marginadas, son las que más sufren los efectos de las lluvias. En lugares como la Sierra Tarahumara, la Mixteca o el Istmo de Tehuantepec, los caminos rurales se vuelven intransitables, los cultivos se pierden y las escuelas o centros de salud colapsan.
Pero a diferencia de las grandes ciudades, en estos lugares ni siquiera hay cámaras que documenten la tragedia. Los medios no llegan, y el Estado tampoco. La reconstrucción, si se da, depende de donaciones o de los propios habitantes.
México invierte muy poco en obras hidráulicas, mantenimiento de drenajes o reforestación de cuencas. En lugar de prevenir inundaciones, se opta por gastar más en atender los daños después de que suceden. De hecho, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por cada peso invertido en prevención, se gastan cinco en reconstrucción.
Los efectos del cambio climático han hecho más intensas las lluvias y más frecuentes los eventos extremos. Sin embargo, el gobierno federal ha reducido presupuestos en medio ambiente, gestión de riesgos y protección civil, privilegiando megaproyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, dejando de lado la atención a comunidades vulnerables.
Lo que el país necesita no es un nuevo programa asistencial, ni discursos triunfalistas que aseguren que “ya se atiende el problema”. Se requiere una política nacional seria de prevención y gestión de riesgos, con inversión real en obras hidráulicas, protección ambiental, reubicación de zonas en riesgo y, sobre todo, una estructura institucional que funcione sin depender del protagonismo político de quien esté en el poder.
También urge restituir fondos públicos como el FONDEN, bajo reglas claras y transparentes, que respondan de manera inmediata a la emergencia, sin burocracia ni clientelismo.
México ha demostrado, una y otra vez, que su gente sabe organizarse ante la tragedia. Pero esa capacidad de resiliencia no debe ser excusa para que el Estado se ausente. Las lluvias seguirán llegando, con más fuerza y frecuencia. La pregunta es: ¿seguirá el gobierno dejando que cada tormenta arrase no solo con casas, sino con la esperanza de la gente?
Desde la llegada de morena al poder en el 2018, los problemas de México se agudizaron y todos los días queda más que claro que lo que dicen en sus discursos populistas de primero los pobres, es una total farsa, pues hoy vemos como los que se dicen vivir en austeridad y criticaban los excesos de los anteriores gobernantes, se la pasan en Europa y países de Asia.
Los problemas nacionales ya no son un tema que el gobierno quiera resolver, ahora la presidenta se dedica a defender a capa y espada a sus funcionarios señalados de nexos con el crimen organizado, como lo de Adán Augusto López o como el caso del asesinato de la maestra jubilada en Veracruz.
