*Con solo 0.8 policías por cada mil habitantes, Chihuahua incumple estándar nacional
En Chihuahua, la seguridad pública opera con apenas 0.8 policías estatales por cada mil habitantes, menos de la mitad del estándar mínimo recomendado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (1.8) y muy lejos del parámetro internacional fijado por la ONU (2.8). Esta carencia significa que, en la práctica, los chihuahuenses tienen menos patrullajes, menor capacidad de respuesta ante emergencias y menos vigilancia preventiva en colonias y comunidades.
Los datos, revelados por el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Inegi, muestran que el estado se mantiene por debajo incluso del promedio nacional, que es de un elemento por cada mil habitantes. En contraste, Tabasco alcanza 2.1 policías, y estados como Oaxaca y Yucatán están cerca de cubrir el mínimo nacional.
Aunque el número de agentes en Chihuahua ha crecido en los últimos años —pasando de una tasa de 0.3 en 2021 a 0.8 en 2024—, el déficit sigue afectando a la población. Con menos policías en las calles, los delitos de alto y bajo impacto tienen más margen para ocurrir sin ser detectados, las investigaciones tardan más en resolverse y las víctimas enfrentan mayor dificultad para recibir atención inmediata.
Actualmente, el 35.2 % de los policías estatales realizan labores de prevención, apenas el 2.3 % se dedica a investigaciones y solo el 0.4 % trabaja en proximidad social, lo que limita el contacto directo con los vecinos y la generación de confianza en las comunidades.
En el lado positivo, Chihuahua es una de las dos entidades donde el 100 % de los agentes cuentan con el Certificado Único Policial y aprobaciones vigentes en sus exámenes de control de confianza, lo que significa que los elementos activos están certificados y evaluados. También cuenta con unidades especializadas en inteligencia, proximidad social, investigación y policía cibernética.
Sin embargo, para la ciudadanía el problema central no es la capacitación, sino la escasez: menos oficiales para patrullar calles significa más zonas desatendidas, menor presencia disuasiva contra la delincuencia y tiempos de respuesta más largos. En un estado con amplias zonas rurales y problemas de violencia en distintas regiones, este déficit pone en riesgo la seguridad de miles de familias.
El año pasado, las instituciones estatales de seguridad ejercieron 4 mil 477.7 millones de pesos —la octava cifra más alta del país—, pero estos recursos no han sido suficientes para alcanzar los estándares que garanticen cobertura adecuada. La pregunta que queda para los chihuahuenses es clara: ¿de qué sirve tener policías certificados si son tan pocos para proteger a toda la población?
