En Tamaulipas, alrededor de 767 mil 116 personas laboran sin prestaciones de ley, lo que significa que carecen de seguridad social, servicios de salud y ahorro para el retiro, de acuerdo con cifras recientes del Inegi. La tasa de informalidad laboral en la entidad llegó al 46.4 por ciento en el segundo trimestre de este año, un nivel que coloca al estado por encima de la media nacional. El problema no es exclusivo de Tamaulipas. A nivel nacional, más de 32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, lo que representa un 54.8 por ciento de la población ocupada. Esto implica que más de la mitad de quienes tienen empleo lo hacen bajo condiciones precarias, sin contrato, sin prestaciones o en unidades económicas no registradas. En los últimos años, la informalidad se ha mantenido como uno de los principales retos del mercado laboral en México. En 2015, el promedio nacional era de 57.2 por ciento; para 2020 bajó a 55.6 y hoy ronda el 54.8, lo que refleja una ligera disminución, aunque insuficiente frente al crecimiento de la población económicamente activa. En Tamaulipas, en contraste, la tasa se ha mantenido arriba del 45 por ciento en la última década, sin lograr avances significativos.
El fenómeno golpea con mayor fuerza a los sectores comercio, servicios y agroindustria. Trabajadores sin alternativas en la economía formal aceptan condiciones sin contrato, lo que precariza el ingreso familiar y limita derechos básicos como la salud o la vivienda. En ciudades como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, la informalidad se observa en mercados ambulantes, transporte, talleres y pequeños comercios que operan fuera del registro oficial. La consecuencia también se refleja en las finanzas públicas: menos trabajadores formales significan menor recaudación fiscal y menos aportaciones al sistema de seguridad social. Esto reduce la capacidad de los gobiernos para financiar programas y limita el acceso de los trabajadores a créditos y beneficios asociados al empleo formal. Aunque autoridades laborales en Tamaulipas mantienen ferias de empleo, inspecciones y programas para incentivar la formalización, especialistas advierten que esas acciones han sido insuficientes. Insisten en que se requiere una estrategia integral que incluya incentivos fiscales, inversión productiva, desarrollo regional y una mayor vinculación entre empresas y el sector educativo para enfrentar un fenómeno que sigue creciendo.
