El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, que asciende a 10.1 billones de pesos, ha encendido las alarmas entre expertos y organizaciones sociales, quienes señalan que la salud mental vuelve a quedar relegada en la asignación de recursos. Aunque el gasto total proyecta un incremento, la Secretaría de Salud enfrentará un recorte en términos reales.
De acuerdo con analistas, este panorama resulta preocupante porque México atraviesa una crisis silenciosa en materia de salud mental. La demanda de atención psicológica se ha incrementado notablemente en los últimos años, en gran parte debido a los efectos de la pandemia, el estrés económico y la violencia social.
Pese a ello, no se contemplan partidas específicas que fortalezcan los programas de prevención ni la infraestructura para atender a pacientes que requieren terapias o tratamientos. Esta omisión limita gravemente la capacidad de respuesta del sistema público y deja en desventaja a sectores vulnerables que no pueden acceder a servicios privados.
Especialistas subrayan que, mientras en otros países la salud mental es reconocida como un eje prioritario de las políticas públicas, en México continúa sin ocupar un lugar central en la agenda gubernamental. La falta de inversión, advierten, no sólo afecta a los pacientes y a sus familias, sino que también incrementa los costos sociales y económicos a mediano y largo plazo.
Ante este escenario, asociaciones civiles y profesionales de la salud hacen un llamado urgente al Congreso y al Gobierno Federal para replantear la distribución de recursos. Señalan que garantizar una atención integral en salud mental es fundamental no sólo para mejorar la calidad de vida de la población, sino también para construir un país más equilibrado y productivo.
