** Una reforma legal busca atacar el acaparamiento y la sobreexplotación del acuífero, ante una discrepancia crítica entre pozos activos y concesiones registradas.
Durango, Dgo. – La operación de un extenso «mercado negro» del agua queda al descubierto en la Comarca Lagunera, donde la evidencia apunta a la existencia de más del doble de pozos en funcionamiento que los autorizados oficialmente, una situación que una próxima reforma a la Ley de Aguas Nacionales pretende erradicar.
Estudios de campo y monitoreo de organizaciones civiles han documentado más de tres mil pozos extrayendo agua del subsuelo. En contraste, los registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solo reconocen mil 350 concesiones vigentes. Esta brecha de más de 1,650 pozos opera al margen de la ley, fomentando la especulación, el acaparamiento y la sobreexplotación del ya crítico acuífero.
La reforma legislativa en proceso busca, precisamente, atacar este problema estructural. Su objetivo central es reafirmar el carácter del agua como un bien común y un recurso de seguridad nacional, bajo la rectoría del Estado, para eliminar la concentración del recurso en pocas manos y redistribuirlo con mayor equidad.
Se espera que la nueva normativa otorgue mayor certeza jurídica a los pequeños y medianos productores agrícolas, históricamente afectados por la escasez y la desigualdad en el acceso, al tiempo que establezca mecanismos más robustos para combatir la ilegalidad.
El proceso de reforma ha incluido mesas de diálogo y análisis en el Congreso de la Unión, donde se han incorporado cientos de propuestas y modificaciones provenientes de diversos sectores, en un intento por balancear la urgente necesidad de regulación con las realidades productivas de la región.
La situación es particularmente urgente en la Laguna, una zona golpeada por sequías recurrentes. La desproporción entre pozos y concesiones no solo refleja un fracaso en la gestión, sino una amenaza para la sostenibilidad hídrica de toda la comarca. La efectividad de la nueva ley se medirá por su capacidad para transformar el registro y la fiscalización, pasando de la opacidad a un control transparente y equitativo del agua.
