Por: Marco Aquiáhuatl
Los virajes políticos en América Latina no pueden interpretarse como meras fluctuaciones ideológicas o cambios volátiles en el parecer de la población. Por el contrario, responden a una profunda y persistente correspondencia con los malestares económicos que experimentan las clases trabajadoras y los sectores populares. El espectacular ascenso, a inicios del Siglo XXI, de gobiernos que se proclamaron defensores de los intereses de estos sectores, encuentra su explicación fundamental en el previo desmantelamiento del Estado de bienestar y las políticas neoliberales de la década de 1990, cuyas secuelas de privatización, desregulación y abandono social generaron el caldo de cultivo para una demanda urgente de inclusión y reparación.
Tras este desmantelamiento, una oleada de gobiernos progresistas emergió en la región, encabezados por figuras como Hugo Chávez, en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; y Rafael Correa, en Ecuador. Su estrategia se definió por una contradicción fundacional: la urgencia de cumplir promesas de inclusión chocaba con la imposibilidad de ejecutar una transformación revolucionaria al estilo de la China del Siglo XX. Allí, una ruptura violenta y total con el orden anterior permitió al Partido-Estado desarticular a las viejas élites, controlar los medios de producción y el sistema financiero e imponer una planificación central a décadas vista, subordinando el consumo inmediato a la meta de construir una potencia industrial.
En América Latina, en cambio, los triunfos fueron puramente electorales dentro de marcos democrático-liberales. Este camino garantizaba acceso al gobierno, pero no al poder económico real. Las élites –agroexportadoras, financieras, mediáticas– mantuvieron intacta su capacidad de veto, su propiedad y su influencia en los resortes clave del Estado. Por tanto, cualquier proyecto de industrialización autónoma o reforma tributaria progresiva, que hubiera exigido confrontarlas directamente, fue descartado de entrada como inviable. La coyuntura que facilitó la opción por una vía menos conflictiva fue el auge histórico de los precios de las commodities(recursos primarios como petróleo, minerales y granos, cuyos precios se fijan globalmente). Su bonanza de renta externa ofreció un atajo: fue canalizada inmediatamente hacia políticas sociales y gasto público corriente, sin alterar las estructuras de poder.
Frente a este cerco, la implementación concreta del modelo reformista tomó una forma precisa: en lugar de transformar la estructura productiva, se abocaron a políticas sociales focalizadas en la transferencia directa de dinero y el reparto de beneficios inmediatos, sostenidas por esa renta volátil. La consecuencia fue inflar el gasto público sin crear una base económica sostenible interna, priorizando la redistribución del ingreso sobre la generación de nueva riqueza. Como queda dicho, esta elección no fue únicamente producto de una ineptitud técnica, sino de una lógica política de supervivencia dentro de una correlación de fuerzas desfavorable.
Por tanto, el modelo redistributivo se edificó sobre bases financieras extremadamente inestables y externas. Era una fórmula que, por su propia naturaleza, contenía las semillas de su colapso. Cuando el ciclo de altos precios de las commodities se revirtió, el Estado perdió súbitamente la capacidad de financiar el engrosado gasto público, y la arquitectura de legitimidad basada en el reparto asistencialista se resquebrajó.
Además, este modelo de desarrollo, cortoplacista y anclado en la renta de las materias primas, consolidó un régimen político de naturaleza clientelar y caudillista. Al eludir una transformación estructural de la economía, estos gobiernos sustituyeron la construcción de una consciencia de clase sólida por una lealtad de intercambio personalista, donde el líder se erigió como el eje de un pacto vertical: apoyo político a cambio de empleos, recursos y beneficios sociales directos.
La legitimidad de este pacto, frágil y personalizada, se fracturó ante una doble presión. Por un lado, la desestabilización política fomentada externamente mediante lawfare y golpes blandos. Por otro, y de manera determinante, un colapso económico terminal que quebró la moneda de cambio del clientelismo. Este deterioro se cuantifica en cifras contundentes: una inflación galopante que en Argentina superó el 200 por ciento anual y en Venezuela devino en hiperinflación, devorando salarios y transferencias; el repunte de la pobreza, que en Argentina escaló de un mínimo del 25 por ciento en 2017 a más del 40 por ciento en 2023, arrastrando a la clase media baja de vuelta a la precariedad; y una masiva informalidad laboral que en países como Perú y Colombia afecta a más del 70 por ciento de la fuerza de trabajo, negando cualquier promesa de estabilidad. A esta crisis económica se sumaron dos factores corrosivos: un aumento real de la inseguridad y la violencia, y casos de corrupción al interior de los partidos progresistas. La autoridad moral y la credibilidad de los gobiernos ante una parte de su base se vieron minadas por una combinación de errores propios y su explotación estratégica por parte de la oposición política que defendía a las élites desplazadas del poder. Aunque las fallas propias tenían base real, fueron a menudo exageradas y utilizadas como herramienta en el lawfare o guerra judicial, buscando la criminalización política de estos movimientos.
Frente a este colapso, la derecha y ultraderecha articularon un discurso de “solución” profundamente engañoso. Aprovechando la inconformidad inmediata y la poca conciencia política e histórica de una base trabajadora desencantada (una inconformidad que, en el fondo, es producto inherente del sistema capitalista dependiente), su narrativa redirigió la rabia popular para empoderar precisamente a las fuerzas capitalistas más concentradas y especulativas. Con un relato simplista, identificaron como únicos culpables al “Estado populista”, la “corrupción política” y los “privilegios de las minorías”, eximiendo por completo de responsabilidad a las élites económicas y el capitalismo dependiente. Así, los mismos sectores que impulsaron el desmantelamiento neoliberal de los noventa y se enriquecieron con él, se presentaron ahora como los salvadores técnicos y morales. Este discurso, que instrumentaliza el malestar para una restauración oligárquica, con frecuencia muestra abiertamente un carácter fascista, xenófobo y de sumisión al intervencionismo estadounidense, presentando la alineación geopolítica con Washington como sinónimo de “entrada al mundo libre y a la prosperidad”. De haber construido el progresismo una conciencia política sólida en sus bases (una tarea indudablemente monumental, pero esencial), este relato hubiese encontrado mayor resistencia. Al no hacerlo, dejó el campo abierto para que los arquitectos de la crisis se vendieran ahora como la única solución.
Este análisis brinda una lección urgente para México. El morenismo representa una variante conservadora del ciclo progresista latinoamericano: una reconfiguración interna de la clase política burguesa que se afianzó con un discurso reduccionista sobre la corrupción, la cual no erradicó, sino que reeditó. Su proyecto se ha limitado a un asistencialismo financiado con deuda –la deuda pública neta del Gobierno Federal pasó de 44.1 por ciento del PIB, en 2018, a 51.8 por ciento en 2023–, una máquina clientelar que hipoteca el futuro para comprar legitimidad presente. Lejos de transformar las estructuras de poder, ha profundizado su alianza con la gran burguesía nacional (especialmente en construcción y energía) y se ha alineado su política exterior con Washington. Este modelo replica la vulnerabilidad sudamericana: una bomba de tiempo que estalla cuando se agota el margen fiscal. La situación se agrava por una violencia desbordada y la consolidación del narcotráfico en amplios territorios y esferas políticas, lo que evidencia el fracaso del Estado en su función básica de seguridad y corroe aún más su autoridad.
Ante este panorama, la única salvaguarda real es que las clases trabajadoras construyan y consoliden una fuerza política autónoma e independiente del poder morenista. Su objetivo debe ser doble: exigir un plan económico de soberanía productiva que rescate al país de la dependencia y sustente el bienestar más allá del subsidio coyuntural, y promover una educación política popular que, desvinculada del clientelismo, blinde a la sociedad contra los discursos de ultraderecha que, aprovechando el desastre, ofrecen una sumisión aún más profunda a los intereses imperiales. El futuro de México dependerá, por tanto, de la capacidad de las clases trabajadoras para forjar una unidad y un proyecto político propios, capaces de trascender el asistencialismo y enfrentar con soberanía la disyuntiva entre un Estado fallido y un capitalismo depredador.
