La ANUIES advierte que el presupuesto federal 2026 no cubre inflación ni salarios, profundiza un déficit histórico de más de 50 mil millones de pesos y pone en riesgo la operación y el derecho a la educación superior pública
Las universidades públicas del país enfrentan un déficit histórico derivado de un presupuesto federal insuficiente para 2026, advirtió la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El organismo alertó que el incremento aprobado no cubre la inflación ni la política salarial, profundizando un déficit acumulado de 50 mil 400 millones de pesos desde 2018.
La ANUIES, a la que pertenece la Universidad Autónoma de Chihuahua, señaló que el aumento autorizado por la Cámara de Diputados —2 por ciento para universidades estatales y 3 por ciento para las federales— quedará por debajo de la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda (3.5 por ciento) y del deflactor del PIB previsto para 2026 (4.8 por ciento). Esta brecha presupuestal erosiona la capacidad operativa, académica y de expansión del sistema público de educación superior.
Pese a las restricciones financieras, las universidades han sostenido el compromiso con el Plan México y las políticas de desarrollo del actual gobierno federal, lo que se refleja en un crecimiento de 16.3 por ciento en la matrícula pública entre 2018 y 2025. Sin embargo, la ANUIES subrayó que el presupuesto destinado a la educación superior se encuentra en uno de sus niveles más bajos del periodo reciente, situación agravada en los últimos dos años.
Uno de los factores críticos es la exclusión de la política salarial en el presupuesto 2026. Las negociaciones contractuales exigirán incrementos promedio del 4 por ciento en salarios y 2 por ciento adicional en prestaciones para docentes y personal administrativo, recursos que no están contemplados y que obligan a las instituciones a gestionar ampliaciones extraordinarias para evitar riesgos como el impago de salarios y aguinaldos.
Ante este panorama, la ANUIES hizo un llamado urgente a las secretarías de Hacienda y Educación Pública para establecer recursos extraordinarios suficientes, irreductibles y con enfoque estructural, que garanticen al menos la cobertura de la inflación y la política salarial, en defensa del derecho a la educación superior y de millones de estudiantes en el país.
