Por Ramón Rosales Córdova
Cada año se repite el mismo espectáculo con respecto al paquete fiscal del estado, un sinfín de declaraciones, acusaciones, bloqueos y cálculos políticos egoístas. Pero detrás de ese forcejeo no hay solo números fríos; hay transporte, hospitales, escuelas, seguridad que atender. Hay vida cotidiana. Aquí no estamos hablando de un trámite más. Estamos hablando del instrumento que define cómo sobreviviremos un año entero. El presupuesto anual por estado, conocido formalmente como el Presupuesto de Egresos Estatal, es el documento financiero donde el gobierno calcula cuánto dinero ingresará y cómo lo gastará durante el año fiscal. No es un papel técnico para especialistas, es la hoja que traduce los impuestos de la gente en hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, transporte y programas sociales. ¿Y de dónde sale ese dinero? Principalmente de dos fuentes, los ingresos propios del estado y las participaciones y aportaciones federales que la Federación transfiere a las entidades. Es decir, hablamos del dinero de los ciudadanos, aportado a través de los impuestos con la intención de que regrese convertido en beneficios para el mismo. El presupuesto incluye gasto corriente, sueldos, operación de dependencias, servicios básicos del gobierno y gasto de inversión, que debería ser el motor del desarrollo, infraestructura, movilidad, hospitales, escuelas, proyectos productivos. El Ejecutivo lo propone; el Congreso local lo revisa, lo discute, puede modificarlo y finalmente lo aprueba. En teoría, es un proceso de planeación estratégica, equilibrio financiero y rendición de cuentas.
En teoría, porque cuando el presupuesto no se aprueba a tiempo, lo que ocurre no es un simple retraso administrativo, se prorroga automáticamente el del año anterior. Eso significa rigidez. Significa que no se pueden atender nuevas necesidades con agilidad. Significa freno a la inversión pública, retraso en proyectos de infraestructura, limitaciones en servicios esenciales. Significa, en pocas palabras, crisis para los que menos tienen, la clase obrera, el pueblo trabajador del campo y de la ciudad.
Y eso es exactamente lo que hoy enfrenta Nuevo León. Mientras el Ejecutivo presenta el paquete fiscal y el Congreso, a través de sus comisiones y bancadas, lo revisa y lo disputa, la realidad cotidiana no se detiene. El transporte sigue siendo deficiente. Las obras inconclusas siguen entorpeciendo la movilidad. La inseguridad no espera a que se pongan de acuerdo. Las necesidades no se prorrogan. Entonces me pregunto, y lo hago con toda la ironía que la situación permite, ¿están discutiendo para mejorar el gasto público o para demostrar quién tiene más fuerza política? Y mientras el pueblo que se aguante. Porque desde fuera, lo que parece es una lucha de poder, no una lucha por el bienestar colectivo. El dinero que hoy se disputan no es abstracto. Es el dinero que cada trabajador aporta cuando paga impuestos, cuando consume, cuando cumple con sus obligaciones fiscales. Ese dinero debería reflejarse en mejoras visibles. Pero año tras año la escena se repite, confrontaciones, bloqueos, retrasos y al final, el único que paga las consecuencias es el pueblo. Desde sus tribunas hablan en nombre de la ciudadanía. Se acusan mutuamente, se gritan, se responsabilizan. Pero en los hechos, ¿qué mejoras concretas vemos? ¿Dónde está el transporte digno? ¿Dónde la seguridad efectiva? ¿Dónde está la planeación urbana pensada para quien pasan horas en traslados alargados innecesariamente? Pero a quien le importa lo que pueblo sufra…
Por eso insisto, la solución no vendrá únicamente de negociaciones en lo alto. Vendrá de la organización del pueblo, de su educación política, de su participación consciente. Que el pueblo no sea espectador del presupuesto, sino quien decida sus verdaderas prioridades. Ya se ha dicho antes con claridad, no se trata de frenar el desarrollo ni de cancelar la infraestructura. Se trata de equilibrar el gasto público, de no cargar la balanza hacia proyectos que lucen en informes mientras lo básico para la mayoría sigue pendiente. Se trata de que el pueblo se vuelva un ente activo educado y consiente con respecto al gasto propuesto por el gobierno en el sentido más profundo, que lo obligue a responder a las verdaderas necesidades del pueblo trabajador. El presupuesto no es una cifra. Es una decisión política sobre quién lo necesita más y además el que más aporta y digo que en este caso es la clase laboral. Y mientras esa decisión no ponga al pueblo trabajador en el centro, seguiremos viendo el mismo espectáculo cada año, disputas en el Congreso y carencias en la calle.
