**Aspirantes a gubernaturas, alcaldías y reelecciones se acusan de uso indebido de recursos, guerra sucia y persecuciones políticas en al menos 15 estados
Rumbo al proceso electoral de 2027, el partido gobernante, Morena, enfrenta una creciente ola de divisiones internas que amenazan con debilitar su estructura territorial y su estrategia para conservar el poder.
Las pugnas más visibles se concentran entre quienes buscan candidaturas a gubernaturas, pero también entre legisladores y alcaldes que pretenden reelegirse o competir por presidencias municipales. En varios estados, los propios militantes se han acusado públicamente de utilizar programas sociales, eventos oficiales y recursos públicos para posicionar aspiraciones personales.
Además, se han denunciado filtraciones de investigaciones penales, campañas de desprestigio y presuntas amenazas laborales para frenar a adversarios internos.
Dirigentes del partido reconocen focos rojos en al menos 15 entidades, justo cuando Morena se prepara para defender 12 gubernaturas, intentar arrebatar tres más a la oposición y competir por cerca de mil 900 alcaldías y 31 congresos locales.
Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la dirigente nacional Luisa María Alcalde han llamado a privilegiar la unidad y dejar que las encuestas definan candidaturas, las confrontaciones continúan sin intervención visible de la dirigencia.
Conflictos estatales
En Campeche, diputados locales se enfrentaron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de intentar utilizar mecanismos legales para remover a opositores internos.
En Chihuahua, senadores, alcaldes y delegados federales intercambiaron señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y uso político de programas de Bienestar.
La división también se intensificó en Baja California, donde aspirantes a la gubernatura se han acusado mutuamente de promover denuncias judiciales y filtraciones mediáticas, en medio de cuestionamientos a la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Escenarios similares se registran en Nayarit, Tlaxcala, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Nuevo León, donde grupos locales compiten por el control partidista y por las candidatura.
