A tres años del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que murieron 40 personas en contextos de movilidad y 42 sobrevivieron (27 hombres y 15 mujeres), las familias de las víctimas y las personas sobrevivientes continúan enfrentando la falta de verdad, justicia y reparación integral.
El incendio —una de las tragedias más graves contra personas en movilidad bajo custodia del Estado mexicano— no solo evidenció fallas estructurales en la política migratoria, sino también la responsabilidad de diversas autoridades encargadas de garantizar la vida e integridad de las personas detenidas.
A tres años de los hechos, organizaciones de la sociedad civil denunciamos que persisten graves pendientes:
- La falta de justicia efectiva para las 82 víctimas (40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes).
- Procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.
- El cumplimiento parcial de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- La falta de reconocimiento como víctimas de las 15 mujeres sobrevivientes.
- La ausencia de una reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición.
Recordamos que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano, por lo que tiene y tenía una responsabilidad irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia.
Asimismo, advertimos que los hechos no pueden entenderse como un evento aislado. El incendio fue reflejo de una política migratoria basada en la detención, la criminalización, la estigmatización, la discriminación, el racismo y la contención de personas en movilidad, condiciones que propician violaciones graves a derechos humanos.
A pesar de algunos avances —como la disculpa pública impuesta por un juez como requisito para la suspensión condicional para el imputado de mayor rango—, estos resultan insuficientes frente a la magnitud del daño y no sustituyen la obligación del Estado de investigar, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral.
Las familias de las víctimas, junto con las organizaciones acompañantes, reiteramos que no fue solo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida.
A tres años, demandamos:
- Verdad completa sobre lo ocurrido.
- Justicia pronta e imparcial para todas las víctimas.
- Reparación integral con enfoque diferenciado y de derechos humanos.
- Reconocimiento de todas las personas afectadas como víctimas.
- Medidas estructurales para garantizar la no repetición, incluyendo el fin de la detención migratoria como política de control.
La deuda del Estado mexicano con las víctimas sigue abierta. La memoria y la dignidad de quienes murieron exigen justicia.
¡Justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez!
¡No fue el incendio, fue el Estado!
