Por: José Emilio Soto
La autosuficiencia alimentaria es uno de los discursos centrales del actual gobierno federal; sin embargo, en Durango, ese discurso choca con una realidad amarga para miles de productores de frijol.
Mientras las cifras oficiales presumen avances, los campos y las bodegas de varios municipios reflejan una historia distinta: la del desencuentro entre quienes cultivan la tierra y quienes operan, o dejan de operar, los programas públicos.
El programa de acopio de frijol de Alimentación para el Bienestar, que debería ser un puente seguro entre el esfuerzo campesino y la seguridad alimentaria, se ha convertido para muchos en un muro de silencio.
El descontento no es menor: se extiende por municipios como Nombre de Dios, Poanas, Guadalupe Victoria, Súchil, Pánuco de Coronado y Vicente Guerrero.
Productores que confiaron en el registro han tenido que salir a manifestarse en la capital duranguense, no por costumbre, sino por necesidad. Denuncian irregularidades, opacidad y una pregunta que pesa toneladas: si el acopio avanza en las cifras oficiales, ¿por qué en sus centros el proceso sigue detenido?
Uno de los puntos más reveladores del malestar lo expuso Severo Palomares Castañeda, director de Desarrollo Rural Municipal, que deja al descubierto no sólo fallas operativas, sino un patrón de indiferencia institucional.
Desde el municipio, dice, se buscó ser un vínculo para agilizar el proceso; se ofrecieron incluso bodegas disponibles y la respuesta fue apenas uno o dos acercamientos, seguidos de un silencio absoluto. Lo último que se supo fue un escueto “no hay recurso”. No hubo argumentos, no hubo diálogo, no hubo coordinación.
Así, la buena voluntad municipal terminó estrellada contra una lógica que parece ignorar que la ruralidad no opera en solitario.
La consecuencia de esta parálisis no es abstracta: productores que sembraron con la expectativa de participar en el programa se han visto obligados a deshacerse de sus toneladas a precios de remate. La subasta, la urgencia, la pérdida: ahí está el costo real de un acopio mal gestionado.
Mientras la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reporta 37 mil toneladas acopiadas de las 40 mil previstas, los campesinos afectados preguntan, con justa razón, cómo es posible que se contabilicen 77 mil toneladas en total cuando en sus regiones la cosecha sigue sin destino.
El contraste entre las cifras oficiales y la realidad cotidiana de los productores es un síntoma de un problema estructural: la desconexión entre los escritorios y los surcos.
Por un lado, se anuncia que 8 mil productores se registraron en agosto al programa Producción para el Bienestar y que para 2026 se espera sumar a otros 15 mil en la estrategia de autosuficiencia de frijol. Por otro lado, quienes hoy tienen el grano almacenado no encuentran quién les responda.
La autosuficiencia no se decreta; se construye con confianza, certidumbre y, sobre todo, con capacidad de respuesta.
No se trata de desconocer los avances en otros frentes: la actualización de datos de 40 mil productores, la apertura de ventanillas para nuevos registros, el subsidio eléctrico de hasta 95 % para pozos agrícolas. Son esfuerzos que forman parte de una política pública que busca respaldar al campo.
Pero estos esfuerzos se diluyen cuando el programa emblemático de acopio opera con opacidad y sin rendición de cuentas. Los campesinos no están pidiendo favores; están exigiendo lo que se les prometió: un mecanismo claro, oportuno y justo para comercializar su producto.
El descontento en Durango es, en el fondo, una advertencia: la autosuficiencia alimentaria no será posible si el gobierno federal desatiende a los gobiernos locales que ofrecen puentes, si no se explica de dónde salen las cifras de acopio, si los productores tienen que recurrir a manifestaciones para ser escuchados.
El frijol es un cultivo estratégico, pero también es el sustento de miles de familias. Cuando el acopio se detiene, no se detiene un número en un informe; se detiene un ingreso, una estabilidad, una confianza que cuesta años construir y minutos destruir.
Los responsables de Alimentación para el Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Durango deben explicar con claridad los criterios de acopio, atender las demandas de los municipios inconformes y restablecer la comunicación con los gobiernos locales.
El silencio administrativo no es neutral: empuja a los productores a la desesperación y a las subastas que tanto daño causan. Si la autosuficiencia alimentaria es una prioridad nacional, debe empezar por honrar la palabra empeñada en cada bodega, en cada parcela, en cada municipio donde el frijol está listo y espera no compasión, sino respuesta.
