Por: Noel González Jiménez
Desde enero, los cerros de Chihuahua han ardido con una frecuencia que inquieta y con una intensidad que duele, la tierra está más seca que en años anteriores, los vientos avivan las llamas y las comunidades observan, muchas veces impotentes, cómo el fuego devora lo que durante décadas les dio sustento. Pero esta tragedia no es solo consecuencia del clima. También es resultado de decisiones.
Entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2026, México ha registrado 2,332 incendios forestales, con una afectación de más de 115 mil hectáreas (datos del Reporte Nacional de Incendios Forestales del 01 de enero al 02 de abril del 2026 de la Conafor), donde Chihuahua se encuentra entre las entidades con mayor número de siniestros, en una temporada que apenas comienza y que se extenderá hasta finales de junio. No son cifras menores: son señales de una crisis que exige capacidad de respuesta.
Preocupa a comunidades y a expertos forestales el recorte presupuestal para atender emergencias por incendios. El ingeniero agrónomo forestal Daniel Padilla Domínguez lo explica sin rodeos: la falta de lluvias ha dejado a la sierra en condiciones extremadamente vulnerables, pero lo más grave es que no hay recursos suficientes para enfrentar los incendios con eficacia. Su voz, más que técnica, suena a advertencia. Porque cuando el fuego crece y la respuesta institucional se reduce, el desenlace suele ser predecible.
Durante años, el presupuesto destinado al sector forestal ha ido disminuyendo. Sin embargo, fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando el recorte alcanzó niveles críticos. Diversos análisis coinciden en que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) perdió casi el 50 por ciento de su presupuesto en términos reales entre 2018 y 2024. Esto no es un ajuste menor: es un desmantelamiento progresivo de la capacidad del Estado para prevenir, atender y mitigar incendios.
Las consecuencias son evidentes, donde antes operaban hasta 15 brigadas en algunas regiones de Chihuahua, hoy apenas hay tres. Brigadas que deberían contar con al menos seis elementos funcionan con dos o tres personas, sin equipo suficiente, sin vehículos adecuados, sin recursos para traslados, los brigadistas hacen frente a incendios que no dan tregua.
Y en medio de esa precariedad, hay una verdad que incomoda pero que debe decirse: la falta de equipo y de condiciones adecuadas ya ha costado vidas. En mayo del 2025 perdió la vida Karel Yonathan Navarro Núñez, brigadista que atendía valientemente un incendio en el municipio de Madera. La conclusión es que estos héroes combaten el fuego sin la protección necesaria, sin herramientas dignas, sin el respaldo que un Estado responsable debería garantizar.
La historia reciente de los incendios que ha enfrentado Chihuahua, y muy seguramente en todo el territorio nacional, indica que ante la falta de presupuesto son las comunidades, los ejidatarios, sociedad civil con su solidaridad e incluso empresas privadas quienes terminan aportando recursos para combatir los incendios. Personas que compran combustible, que prestan herramientas, que arriesgan su integridad sin más respaldo que la solidaridad.
Pero el problema no termina ahí. Los recortes también han impactado la prevención. Programas clave como el empleo temporal para brigadas forestales han desaparecido, reduciendo la presencia en campo y la capacidad de reacción temprana. La supervisión de los planes de manejo forestal se ha vuelto esporádica; hay zonas donde no se realizan inspecciones desde hace años. En un contexto de cambio climático, esto no es solo irresponsable: es peligroso.
Lo que ocurre en los bosques es un reflejo de una política más amplia de austeridad que ha alcanzado múltiples sectores. Salud, infraestructura, cultura, seguridad: todos han resentido la falta de recursos. Mientras tanto, las necesidades crecen. Las emergencias se multiplican. Y la capacidad del Estado para responder parece reducirse cada vez más.
Resulta contradictorio que, mientras se impulsan programas sociales de gran escala, se debiliten áreas estratégicas como la protección ambiental. No se puede hablar de bienestar si los bosques arden sin control, si el aire se contamina, si las comunidades rurales quedan expuestas y si quienes combaten el fuego lo hacen en condiciones indignas. La política pública no puede construirse sobre desequilibrios tan evidentes.
Hoy más que nunca, México necesita replantear su relación con el medio ambiente. No como discurso, sino como acción concreta. Revertir los recortes a la Conafor, fortalecer las brigadas, garantizar equipo y capacitación, recuperar programas de prevención: estas no son demandas exageradas, son medidas mínimas para enfrentar una realidad que ya nos está rebasando.
El fuego no distingue ideologías ni tiempos políticos. Avanza donde encuentra condiciones. Y hoy, esas condiciones están dadas no solo por la sequía, sino por la falta de voluntad para invertir en lo esencial.
Este no es solo un llamado a las autoridades. Es también una invitación a la sociedad a no normalizar el abandono. A entender que lo que se quema no son solo árboles, sino parte de nuestro futuro. Porque cuando el bosque desaparece, también lo hacen las posibilidades de equilibrio, de vida, de permanencia.
Si no se actúa ahora, el costo seguirá creciendo. Y entonces, no habrá presupuesto que alcance para reparar lo que hoy se está dejando perder.
