Por: José Emilio Soto
La fotografía laboral de México en 2025 es, cuanto menos, desoladora. Datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Inegi revelan que apenas el 3.2 % de las empresas formales cumplen con una obligación constitucional y legal: el reparto de utilidades a sus trabajadores.
Este derecho, consagrado en el artículo 123 de la Constitución y en los artículos 117 al 123 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los empleados deben recibir el 10 % de la utilidad neta de las empresas. El otro 90 % se queda en manos de los patrones.
Pero el problema no es sólo el incumplimiento, sino la impunidad con la que opera el sistema. Everardo Lara Covarrubias, especialista laboral, lo resume con crudeza: “El reparto de utilidades en México es un escándalo”.
¿La razón? Los dueños de las empresas recurren sistemáticamente a trampas contables, maquillajes fiscales y declaraciones simuladas donde reportan pérdidas o ganancias mínimas para justificar que no hubo utilidad que repartir.
Detrás de estas cifras frías hay una realidad más cruda: sobreexplotación laboral y una distribución abusiva de la riqueza generada por la clase trabajadora.
Frente a este panorama, la salida no es individual, sino colectiva, pues el reparto de utilidades es un derecho colectivo. Para exigirlo con éxito, los trabajadores requieren organización a través de un sindicato auténtico, no esos sindicatos de “protección” o “patronales” que abundan en muchas empresas mexicanas.
El camino es construir un sindicato genuino y combativo, que eduque y organice a la clase trabajadora para defender sus intereses. No sólo eso: el incumplimiento de esta obligación es causa válida para estallar una huelga.
Sin embargo, el diagnóstico se complica al voltear a otro dato estructural: la economía informal. En 2025, la informalidad generó 6.04 billones de pesos, equivalentes al 23.7 % del PIB nacional. Es decir, de cada 100 pesos producidos en el país, casi 24 provienen de la informalidad.
Estados como el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz concentran el 40.2 % de ese valor. Millones de personas trabajan sin seguridad social, sin aguinaldo, sin vacaciones pagadas y sin indemnizaciones.
Y lo más grave: según análisis de Banco Base, este fenómeno no es sólo una opción, sino una respuesta a la falta de oportunidades en el mercado laboral formal. La informalidad mantiene baja la tasa de desempleo, pero a costa de frenar la productividad y el crecimiento de largo plazo.
Ante este doble rostro, incumplimiento del reparto de utilidades y expansión de la informalidad, es inevitable recordar de dónde venimos y qué hemos olvidado.
No debemos olvidarnos de las lecciones que nos ha dado la historia y que no deberían ser sólo un recuerdo de museo: la huelga de Cananea, estallada el 1 de junio de 1906. En ese mineral de Sonora, trabajadores de la mina Oversight, controlada por el coronel estadounidense William C. Greene, decidieron parar labores ante la amenaza de aumentar su carga sin mejora salarial.
Las condiciones eran terribles y toda la vida del pueblo era controlada por la compañía. Inspirados por el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, esos mineros se organizaron para luchar por condiciones dignas.
La represión no se hizo esperar. Policías, capataces e incluso rangers de Arizona, autorizados por el gobernador de Sonora, cruzaron la frontera para aplastar la huelga. Los dirigentes fueron enviados a la prisión de San Juan de Ulúa.
Pero aquella derrota inmediata sembró una victoria histórica: la arbitrariedad de la compañía extranjera y la soberbia patronal fortalecieron el espíritu nacionalista y las exigencias sociales que después darían forma a la Revolución de 1910 y a la Constitución de 1917.
Hoy, más de un siglo después, ¿qué ha cambiado? Las empresas ya no son sólo extranjeras, pero el abuso persiste. La ley existe, pero se maquilla; hay derechos, pero se incumplen.
Y mientras el 3.2 % cumple, el resto prefiere simular pérdidas, mientras millones de trabajadores se refugian en la informalidad porque lo formal no ofrece certeza.
Si algo nos enseña la histórica lucha en Cananea es que la organización obrera es posible y necesaria. También nos advierte que el camino no será fácil ni exento de represión.
Pero el legado de aquellos mineros sigue vigente: producir la riqueza nacional también da derecho a disfrutarla de manera justa y equitativa.
La pregunta es si los trabajadores de hoy estarán dispuestos a retomar esa bandera. El sistema capitalista sigue siendo injusto e inhumano. La respuesta, como en 1906, está en la lucha organizada.
