Cd Victoria, Tam.- Un dictamen aprobado en comisiones del Congreso del Estado propone sancionar con penas de uno a cuatro años de prisión a funcionarios que, por acción u omisión, ocasionen fugas o manejo irregular del agua potable.
La reforma, avalada por unanimidad, busca incorporar el artículo 482 al Código Penal de Tamaulipas para establecer responsabilidades penales a servidores públicos de las Comapas y demás organismos operadores del recurso hídrico.
De acuerdo con el proyecto, las sanciones no solo aplicarán a quienes actúen de manera deliberada, sino también a aquellos que, por negligencia, impericia o falta de cuidado en el desempeño de sus funciones, provoquen pérdidas de agua que afecten a la población.
Además de la pena de prisión, los responsables enfrentarían multas de entre 200 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas por un periodo de uno a cinco años.
El dictamen establece que incurrirá en responsabilidad penal el funcionario que genere o permita fugas, derrames, desperdicios o extracciones irregulares que comprometan el suministro, la distribución o el acceso equitativo al agua potable.
Los diputados consideraron que las pérdidas ocasionadas por malas prácticas, descuidos o decisiones indebidas dentro de los organismos operadores terminan afectando directamente a miles de usuarios, además de generar daños ambientales y económicos.
La iniciativa fue promovida por la diputada de Morena, Silvina Chávez Garay, y contó con opiniones favorables de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Tras su aprobación en comisiones, el dictamen quedó listo para ser discutido y votado por el Pleno del Congreso del Estado.
