Con una inversión de siete mil 355 millones de pesos será construido un libramiento y un viaducto elevado en la región sur de Tamaulipas, como obras complementarias de la nueva carretera Mante-Ocampo-Tula. El financiamiento correrá a cargo de la empresa Autopista Mante-Tula, S.A. de C.V., que a cambio recibirá una prórroga de 22 años en su concesión original. La reforma faculta al Gobierno estatal para modificar el título de concesión de la carretera de cuota Mante-Ocampo-Tula, un tramo de 106.69 kilómetros de jurisdicción estatal que forma parte del eje carretero San Luis Potosí-Altamira. A esa concesión se sumarán ahora dos nuevas obras: el libramiento de Mante y el viaducto elevado en la carretera Tampico-Mante. El libramiento de Mante tendrá una longitud de 15.32 kilómetros. Iniciará en el kilómetro 104+250 de la carretera Ciudad Valles-Ciudad Victoria y concluirá en el kilómetro 94+832.91 de la carretera federal 80, en dirección a Tampico. Su propósito es desviar el tráfico de largo itinerario, particularmente de transporte pesado, que actualmente cruza la zona urbana de El Mante. El viaducto elevado, por su parte, será una vialidad de cuota de 4.58 kilómetros, que conectará el kilómetro 11+366 con el kilómetro 15+949 de la misma carretera. Permitirá eliminar cruces a nivel y maniobras riesgosas en una de las rutas más transitadas del sur del estado. Ambas obras están orientadas a mejorar la conectividad regional, reducir los tiempos de traslado —de 125 a 60 minutos, según las estimaciones— y aumentar la seguridad vial. También contribuirán a disminuir los costos operativos del transporte y reducir la emisión de contaminantes. Forman parte de una estrategia logística para fortalecer el corredor que enlaza al centro y occidente del país con el puerto industrial de Altamira. El nuevo trazo conectará directamente a San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato con la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. De acuerdo con el dictamen expedido por la Diputación Permanente y aprobado por el Pleno Legislativo, la inversión será cubierta íntegramente por la empresa concesionaria, sin contratación de deuda pública ni incremento al subsidio vigente. Ese subsidio consiste en la afectación de hasta el 6.77 por ciento de las participaciones federales sin asignar, más el 0.23 por ciento de las destinadas al fideicomiso maestro estatal. El esquema fue autorizado en 2019 y se extenderá ahora por 22 años más. El dictamen señala que la modificación cumple con la Ley de Disciplina Financiera y no compromete las finanzas estatales. Se considera un modelo de inversión productiva con alta rentabilidad social y sostenibilidad fiscal. El nuevo esquema de concesión contempla indicadores de desempeño, penalizaciones, deducciones y medidas de sostenibilidad ambiental, alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.