Por Pedro Martínez Coronilla
Para los defensores a ultranza de la 4T cada vez se les complica más el panorama nacional, pues la agudización de los principales indicadores económicos y sociales no paran, y su única arma que esgrimen es la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ronda el 80% y eso es todo.
Pero vayamos a las cifras. “La economía mexicana sigue creciendo” festejan los de morena, “ya no estamos en recesión” pero se refieren a la cifra de 0.7% del PIB en este primer semestre del 2025, y tramposamente la comparan con EU y España, que han tenido un desempeño económico muy bajo.
Pero si comparamos la cifra con otras economías, por ejemplo las que conforman los BRICS, como China con un crecimiento del 5.3% en el mismo periodo, Etiopía con el 6.6%, India 6.2%, Indonesia 4.7%, por mencionar algunos, ya no sorprende a nadie nuestro crecimiento económico.
Recordemos que en todo el sexenio de López Obrador apenas crecimos el 1.7% y el actual para allá va.
En lo que va del 2025 el trabajo informal no crecía tanto desde 2021; expertos prevén que la tendencia se mantendrá el resto del año, así lo publica la revista Buzos de la Noticia. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 673 mil 991 personas se incorporan a la informalidad, esta cifra es 3 veces mayor a los nuevos empleos formales del periodo.
Para Axel Eduardo González coordinador de datos de México ¿Cómo vamos? (MCV), el panorama de este semestre “ es una situación que se presenta por el desempeño actual de nuestra economía, especialmente por la baja en actividades secundarias, las personas recurren al sector informal de la economía por necesidad, porque no hay empleos en otros sectores mejor remunerados y con seguridad social”.
Según MCV, los niveles de empleo deberían crecer a un ritmo de 100 mil puestos formales a tasa mensual para satisfacer la demanda, pero en lo que va del año solo se han generado 87 mil 287 plazas. Mientras no tengamos una economía en franco crecimiento no tendremos los empleos suficientes y mejor pagados.
México destaca por su desigualdad en educación y atención médica (tercera posición), su desigualdad social (cuarto sitio), su desigualdad de oportunidades (noveno puesto) y su polarización política (décimo lugar), de acuerdo con una clasificación elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD).
Esta situación refleja un sistema que excluye a grandes sectores de la población de servicios básicos y movilidad económica, agravando la fragmentación social.
Lo más alarmante es que México comparte estos indicadores con países latinoamericanos, lo que sugiere un patrón regional de desarrollo desigual, arraigado en históricas fallas institucionales.
De acuerdo con el IMD, la combinación de países en desarrollo y desarrollados con altos porcentajes refleja que las desigualdades sociales son una preocupación mundial.
Los ejecutivos de Filipinas (74.3%), Australia (73.9%) y Chile y México (70.8%) destacan la desigualdad social como uno de los principales impulsores de la polarización.
Esto refleja disparidades críticas en la distribución de la riqueza y otros recursos, así como en la equidad de las recompensas (por ejemplo, los salarios) entre diferentes grupos sociales e individuos.
Mientras economías avanzadas mitigan estas problemáticas con sistemas públicos robustos (como Suecia o Canadá), en América Latina persisten modelos que reproducen inequidad.
Urgen políticas redistributivas y acceso universal a educación y salud, no solo para mejorar la competitividad, sino para evitar que la desigualdad siga erosionando la cohesión social.
El 50% de las personas que nacen en los estratos de más bajos recursos económicos no superan su condición de pobreza. “Tenemos un problema estructural de repetición del ciclo intergeneracional de la pobreza”, afirma Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (Ceey).
Vélez señala que no basta con el esfuerzo personal, para salir del hoyo de la miseria, sino que es necesaria la presencia del Estado y fuertes políticas públicas, garantizar el acceso a los servicios públicos, como escuelas de buena calidad; romper modelos tradicionales que garanticen la participación social, tener acceso al mercado laboral formal que garantice un piso mínimo de bienestar.
