Coahuila, Coah. – Coahuila avanza en la aplicación del certificado de abandono , una figura jurídica que permite liberar a niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal para que puedan integrarse a un proceso de adopción en menor tiempo.
De acuerdo con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado PRONNIF, en los últimos dos años se han emitido 91 certificados, lo que ha posibilitado que decenas de menores encuentren un hogar definitivo, reduciendo considerablemente la población en casas hogar y albergues del Sistema DIF.
Esta herramienta legal se aplica cuando se demuestra que los padres o tutores han incumplido con sus deberes de cuidado, protección y manutención, o cuando se pierde el vínculo afectivo con el menor. Una vez comprobado el abandono, el juez puede declarar la pérdida de la patria potestad, dejando al niño o niña en condiciones legales para ser adoptado.
Autoridades estatales destacan que este procedimiento ha contribuido a disminuir en más del 50% el número de menores institucionalizados, al acortar los tiempos que antes se extendían por años debido a trámites judiciales prolongados o falta de seguimiento en los casos de abandono.
El objetivo principal es garantizar el derecho de cada niño y niña a crecer en un entorno familiar, estable y afectivo. El certificado de abandono nos permite actuar con mayor rapidez y sensibilidad”, señalaron fuentes de la PRONNIF.
No obstante, los especialistas en protección de la infancia advierten que este proceso requiere investigaciones cuidadosas para evitar errores o decisiones apresuradas. El estado debe asegurarse de que realmente se agotaron las posibilidades de reintegración familiar antes de emitir el certificado.
Asimismo, subrayan que la adopción de adolescentes o de menores con discapacidad sigue siendo un desafío, ya que estos grupos enfrentan mayores dificultades para encontrar familias adoptivas.
El programa impulsado por el Gobierno de Coahuila y el DIF estatal ha sido reconocido como una práctica que fortalece la protección de la niñez y agiliza los procesos de adopción, marcando un precedente nacional en materia de restitución de derechos.
