Por: Noel González Jiménez
Durante décadas se nos dijo que los males de México como la corrupción, la impunidad, la desigualdad, entre otros, tenían un origen claro: instituciones secuestradas por élites políticas y económicas. La promesa de la llamada “Cuarta Transformación” fue, precisamente, rescatar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Sin embargo, a varios años de distancia, la realidad es incómoda y preocupante: las instituciones mexicanas no se fortalecieron, se debilitaron. Y la pregunta inevitable es: ¿a quién beneficia ese debilitamiento?
No es una exageración ni una consigna opositora recordar aquella frase pronunciada por Andrés Manuel López Obrador en 2006: “al diablo con las instituciones”. En su momento fue defendida como un arrebato retórico frente a un fraude electoral. Hoy, vista en retrospectiva, parece más bien un presagio. Morena llegó al poder no para reconstruir instituciones democráticas, sino para desmontarlas, colonizarlas o volverlas irrelevantes cuando no se subordinaban al proyecto político en turno.
El argumento ha sido siempre el mismo: eran organismos “neoliberales”, “caros”, “corruptos” o “innecesarios”. Bajo esa narrativa se cerraron instituciones clave como el INAI, encargado de garantizar la transparencia y el acceso a la información; se desmantelaron fideicomisos que financiaban ciencia, cultura y atención a víctimas; se debilitó al CONACYT hasta convertirlo en un aparato ideológico; se atacó sistemáticamente al INE, no por fallas técnicas comprobadas, sino por no plegarse al discurso oficial. La autonomía dejó de ser un valor y pasó a ser un estorbo.
Otros organismos no fueron cerrados, pero sí capturados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dejó de ser una voz incómoda para el poder y se convirtió en una oficina silenciosa frente a violaciones graves. La Fiscalía General de la República, que debía ser autónoma, opera con una prudencia quirúrgica cuando los casos rozan al oficialismo. El Tribunal Electoral y otros órganos reguladores han sido presionados, recortados o colonizados políticamente. No se trató de reformar, sino de controlar.
El caso más burdo y simbólico es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras años de discursos austeros, de condenas al “derroche” y a los “privilegios”, bastaron unos días para que el nuevo bloque alineado al oficialismo olvidara su narrativa de campaña. Las promesas de humildad se evaporaron entre camionetas Cherokee nuevas, escoltas y comodidades que antes eran satanizadas. La SCJN de acordeón, predecible, disciplinada, obediente, representa el punto más alto del deterioro institucional: una Corte que ya no equilibra el poder, sino que lo acompaña.
¿Dónde queda, entonces, la justicia social para los mexicanos? Porque mientras se debilitan los contrapesos, los grandes problemas nacionales siguen intactos: la violencia no cede, la impunidad se normaliza, el sistema de salud se precariza, la educación se estanca y la desigualdad se profundiza. Sin instituciones fuertes no hay política pública sostenible, solo ocurrencias sexenales. Sin árbitros autónomos no hay democracia, solo mayorías que imponen.
El debilitamiento institucional beneficia, sobre todo, a quienes gobiernan. Un poder sin límites, sin vigilancia y sin rendición de cuentas siempre es más cómodo. Pero también beneficia a los viejos vicios que supuestamente se iban a erradicar: la corrupción opaca, el uso político del presupuesto, la lealtad por encima de la capacidad. Cuando las instituciones caen, no emerge el pueblo empoderado; emerge el caudillismo.
La gran promesa de que “primero los pobres” se estrella contra una realidad cruel: los pobres son los primeros en sufrir cuando no hay instituciones que los defiendan. Son ellos quienes necesitan tribunales imparciales, organismos de derechos humanos activos, sistemas de transparencia que exhiban abusos. Sin esas herramientas, la justicia social se convierte en discurso vacío.
¿Cuándo se resolverán los males nacionales? No mientras se siga apostando al debilitamiento del Estado democrático. No mientras se confunda lealtad política con transformación. No mientras se gobierne desde la descalificación y el resentimiento institucional.
Hoy más que nunca, el llamado no puede ser a la pasividad ni a la fe ciega. El pueblo debe estar informado, atento y crítico. Las instituciones ya no están al servicio de la ciudadanía; están al servicio de quienes las controlan. La única salida posible a este desastre no vendrá desde arriba, sino desde abajo: la organización social, la politización consciente de la ciudadanía y la exigencia real de resultados.
Porque si algo ha quedado claro es que sin instituciones fuertes no hay democracia, y sin ciudadanía organizada no hay futuro.
Instituciones, AMLO, 4T, corrupción, organización, politización del pueblo
