Coahuila.- Coahuila se ha consolidado como una de las entidades más golpeadas por delitos relacionados con la minería en México, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional con un 8 % de incidencia dentro del sector, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex). Mientras el país enfrenta una ola de inseguridad generalizada, las comunidades vinculadas a la minería sufren las consecuencias económicas, sociales y humanas de estos fenómenos.
La minería en Coahuila y en otras regiones no solo representa una actividad económica estratégica, sino también un blanco recurrente para delitos como el “robo hormiga”, la extorsión y el robo de materiales, que afectan la viabilidad de los proyectos y la seguridad de quienes trabajan en ellos. En México, hasta 97 % de las empresas del sector han reportado sufrir algún delito, lo que refleja un panorama de vulnerabilidad constante para trabajadores y empresarios.
La afectación del sector minero forma parte de un problema mayor de inseguridad en México, donde robos, secuestros y violencia organizada impactan diversos ámbitos productivos. Según analistas del sector, el crimen organizado ha diversificado sus actividades hacia la minería, con robos de productos, equipos, e incluso clandestinas rutas de comercialización de minerales robados.
La inseguridad no solo golpea cifras; tiene un impacto profundo en las comunidades y en la vida de miles de familias. La violencia en zonas mineras está asociada a desplazamientos, miedo y pérdida de medios de subsistencia. Este patrón también se observa en otros países latinoamericanos donde el crimen organizado explota recursos naturales, provocando contaminación, inseguridad sanitaria y rupturas sociales, como ha sido documentado en casos de minería ilegal en la región amazónica que contaminan ríos y dañan la salud de poblaciones indígenas.
La comunidad minera y autoridades enfrentan un desafío dual, combatir la inseguridad que amenaza vidas y recursos, y promover condiciones sociales que fortalezcan oportunidades económicas locales. Para especialistas, esto implica mejorar la coordinación entre el sector privado, autoridades y comunidades, aumentar la inversión en seguridad y programas sociales que reduzcan la vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Sin acciones integrales, la minería en Coahuila y en otras regiones seguirá siendo un espejo de fracturas sociales más profundas, donde la inseguridad y la falta de oportunidades se retroalimentan, afectando no solo a la industria, sino a toda la sociedad que depende de ella.
