**En la manifestación más reciente, productores mantienen un plantón y realizan ventas directas de su cosecha como medida de presión
Chihuahua, Chih.- A unos días del arranque del ciclo agrícola de primavera, el campo chihuahuense enfrenta uno de sus momentos más críticos en años recientes.
Carreteras, oficinas federales y avenidas de la capital han sido convertidas en escenario de protestas encabezadas por productores de frijol, pero que reflejan un problema estructural que alcanza a lecheros, agricultores de riego y temporal, así como a diversas organizaciones campesinas.
La manifestación más reciente ocurrió en la avenida Carlos Pacheco, en las oficinas del Bienestar, donde productores mantienen un plantón y realizan ventas directas de su cosecha como medida de presión.
Previamente, la movilización partió desde las instalaciones de Alimentación para el Bienestar, en el bulevar Juan Pablo II, donde los agricultores permanecen desde hace varios días sin obtener una respuesta concreta.
Encabezados por Jesús Emiliano García, líder estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), los productores denuncian una crisis derivada de la falta de canales de comercialización. De acuerdo con cifras del sector, en Chihuahua existen entre 70 mil y 80 mil toneladas de frijol sin vender.
El estado es uno de los principales productores de frijol de temporal en el país, particularmente en municipios como Namiquipa, Guerrero, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y Gómez Farías. Sin embargo, el volumen de acopio del programa federal resulta insuficiente frente a la producción total.
Mientras en entidades como Zacatecas acopian hasta 100 mil toneladas y en Durango más de 40 mil, en Chihuahua los productores buscan que autoricen al menos 10 mil toneladas adicionales. Esta disparidad ha generado inconformidad y una creciente percepción de abandono institucional.
El impacto económico es considerable. Productores estiman que el acopio solicitado representaría una derrama cercana a 270 millones de pesos, recurso clave para sostener la economía de cientos de familias rurales.
A ello se suma la caída en los precios: actualmente reciben entre 12 y 13 pesos por kilogramo, mientras que el consumidor final paga entre 35 y 45 pesos. Aunque el programa de precios de garantía establece referencias mayores, su alcance es limitado y no cubre toda la cosecha.
Como reflejo de la crisis, productores han arrojado frijol sobre carreteras, una protesta simbólica que evidencia la falta de mercado para un alimento básico.
A la problemática de comercialización agregan la gestión del agua. Productores de zonas de riego, como Camargo, señalan retrasos en la asignación de volúmenes por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como procesos administrativos que dificultan la planeación del ciclo agrícola.
En la región centro-sur reportan cerca de cuatro mil trámites pendientes relacionados con permisos, concesiones y acceso a programas. De acuerdo con productores, los procesos avanzan con lentitud y generan incertidumbre en la siembra.
En un estado marcado por la sequía y la sobreexplotación de acuíferos, esta situación limita la superficie cultivable, reduce la inversión y eleva el riesgo financiero.
Lecheros: producir sin liquidez
El sector lechero enfrenta una crisis distinta, pero igual de delicada. Productores denuncian retrasos en los pagos por parte de Liconsa —ahora Leche para el Bienestar—, lo que afecta directamente su flujo de efectivo.
Aunque el precio de garantía ronda los 11.50 pesos por litro, los depósitos tardíos han obligado a los ganaderos a recurrir a medidas emergentes para subsistir. Algunos han optado por vender parte de su hato para cubrir gastos operativos.
Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en producción de leche, con más de mil 200 millones de litros anuales, lo que dimensiona el impacto potencial de esta crisis.
Líderes del sector, como Santos Anchondo, han advertido sobre posibles movilizaciones si no regularizan los pagos en el corto plazo.
El entorno económico agrava el panorama. Productores reportan incrementos de hasta 25 por ciento en fertilizantes, aumentos en el diésel y una caída en el precio de granos como el maíz, que ha pasado de 4 a 3.30 pesos por kilogramo.
Este desequilibrio —costos al alza y precios a la baja— reduce de forma drástica los márgenes de ganancia y pone en riesgo la viabilidad de la actividad agrícola.
Escala nacional: presión y movilización
El descontento ha trascendido lo local. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, encabezado por Heraclio Rodríguez, ha convocado a una movilización en el país para los próximos días.
Entre sus principales demandas destacan el establecimiento de precios mínimos rentables, la creación de una banca de desarrollo rural, la revisión de políticas comerciales y la construcción de un modelo de autosuficiencia alimentaria.
El dirigente ha advertido que, de no obtener respuesta, las protestas podrían escalar a bloqueos carreteros, ferroviarios y en puntos estratégicos.
En Chihuahua, la toma de oficinas de Bienestar y las protestas en centros de acopio reflejan un conflicto que no ha encontrado salida. Los productores demandan precios justos, ampliación de acopio, inclusión en programas y atención a los trámites relacionados con agua.
Sin embargo, las respuestas han sido limitadas. Las dependencias federales involucradas —como Conagua, SADER y Alimentación para el Bienestar— no han ofrecido soluciones integrales, mientras que la Delegación de Bienestar opera como enlace sin capacidad resolutiva.
Un ciclo que inicia bajo presión
El inicio del ciclo primavera– verano debería representar un periodo de planeación y expectativa para el campo. No obstante, el escenario actual es de incertidumbre. Sin acceso garantizado al agua, sin mercados suficientes, con pagos retrasados y costos en aumento, el campo chihuahuense enfrenta una combinación de factores que amenaza su estabilidad.
Las protestas en la capital del estado son el síntoma más visible de una crisis más profunda. Sin acuerdos concretos, el riesgo —advierten los propios productores— es que el problema deje de ser coyuntural y se convierta en estructural, con consecuencias no sólo para el sector rural, sino para el abasto alimentario del país.
