Por: Ramón Rosales Córdova
Un problema añejo el desabasto del agua potable en Nuevo León no puede seguir reduciéndose a una narrativa centrada solamente en la ciudad, ni mucho menos a la idea de que con grandes obras hidráulicas el tema está resuelto. La realidad es más compleja y, sobre todo desigual. Mientras se presume la recuperación de niveles en presas y la construcción de infraestructura, esto no sucede en amplias zonas rurales, el acceso al agua sigue siendo limitado, intermitente o, de plano, inexistente. Voltear hacia la zona rural del estado permite entender con claridad esta contradicción. Municipios como Galeana, Iturbide, Aramberri, Zaragoza, Doctor Arroyo y Mier y Noriega no aparecen en los discursos triunfalistas del abasto del vital líquido, tristemente la vida cotidiana de miles de familias del sur de NL enfrenta una realidad marcada por la escasez y abandono. No es solo percepción, o exageración, es una realidad histórica que se ha normalizado con el paso del tiempo.
La ironía resulta evidente y hasta ofensiva. Mientras que el área metropolitana de Monterrey concentra proyectos de gran calado como el acueducto El Cuchillo II, presentado como solución estructural al problema hídrico en el área metropolitana, en el sur continúa una invisibilidad casi total en la agenda pública. Hay agua en las presas, hay inversión en infraestructura, pero no hay una distribución equitativa. El problema no es únicamente de disponibilidad, sino de acceso y de prioridades. En las comunidades rurales, el agua dejó de ser un servicio garantizado para convertirse en una preocupación diaria. Las familias destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de agua, al traslado desde otras fuentes o al almacenamiento precario. Nuestra carta magana que nos rige al momento considera el acceso al agua un derecho humano básico, desafortunadamente la realidad es otra, se transforma en un lujo condicionado por la capacidad económica. Esta situación no solo afecta la calidad de vida, también limita el desarrollo local y profundiza la desigualdad. Las consecuencias van más allá de la escasez inmediata. Cuando el acceso al agua no está asegurado, la vida en estas comunidades se vuelve insostenible. La gente no abandona su tierra por decisión, lo hace por necesidad. Se trata de un desplazamiento silencioso, provocado no por un desastre natural repentino, sino por una acumulación constante de carencias. El campo se vacía, no porque falte arraigo, sino porque falta lo esencial para vivir. Frente a este panorama, es claro que el problema del agua en Nuevo León no es únicamente técnico, ni coyuntural.
Es un problema estructural que refleja un modelo de desarrollo profundamente desigual, donde lo urbano concentra recursos, atención e inversión, mientras lo rural queda relegado a un segundo plano o nada.
La planeación con respecto al agua ha privilegiado a las ciudades, dejando a las comunidades rurales fuera de las soluciones de fondo. Por ello, pensar en una salida real implica cambiar la lógica con la que se ha abordado el tema. No es suficiente construir más acueductos o ampliar la capacidad de almacenamiento si no se garantiza que el agua llegue a quienes históricamente han sido excluidos.
Se requiere una política integral, con enfoque territorial, que reconozca las particularidades del campo y atienda sus necesidades específicas. Sin embargo, también es necesario señalar que la solución no vendrá únicamente desde las instituciones gubernamentales. La experiencia demuestra que cuando las comunidades se organizan, cuando dejan de ser invisibles y comienzan a exigir, las condiciones cambian. La atención del gobierno no es suficiente. La organización social es el elemento que puede romper con la inercia del abandono. Hablar del agua en Nuevo León es hablar en esencia de justicia social. Mientras existan regiones enteras donde este derecho no esté garantizado no se puede hablar de desarrollo pleno. El sur del estado no necesita de discursos, lo que ocupa son soluciones. La realidad indica que falta más empatía de nuestros gobernantes con los desamparados de Nuevo León y empezar a dar soluciones para abastecer del vital líquido a las distintas comunidades abandonadas, dejar de ignorar una realidad que ha estado presente durante décadas. El pueblo unido, organizado y educado puede y debe hacer la diferencia.
