Por: Ramón Rosales Córdova
Para nadie es novedad, la contaminación en Monterrey y su área metropolitana es parte de la vida cotidiana. Cada vez es más frecuente encontrarse con reportes de mala calidad del aire, con alertas ambientales y con el aumento constante de enfermedades respiratorias. No se trata de una percepción exagerada ni de una queja sin fundamento, es un problema nacido del sistema económico capitalista actual, interesado solo en generar ganancia a costa de lo que sea traduciéndose en deterioro directo de la calidad de vida en todo el estado y el mundo entero donde opera el capitalismo rapaz desafortunadamente ha sido normalizado tanto por las autoridades como por quienes se benefician de él. Surgen entonces preguntas difíciles de responder, ¿cómo se enfrenta una enfermedad provocada por algo que no se puede evitar?, ¿cómo se combate aquello con lo que se tiene que convivir para poder sobrevivir? La contradicción es evidente, vivir en el área conurbada de Monterrey implica, cada vez más, aceptar condiciones que dañan la salud como parte del día a día.
El área Metropolitana de Monterrey, con más de 5.3 millones de habitantes, se ha convertido en una de las zonas con peor calidad del aire en América del Norte. Su crecimiento desde 1990 no ha sido casual, ha estado marcado por una expansión industrial que ha puesto la producción por encima del bienestar de la población. Aunque se suele señalar a los autos o pequeños negocios, la realidad es que alrededor del 60 por ciento de la contaminación por partículas proviene de la industria, fábricas, plantas eléctricas y la refinería de Cadereyta. Lo que se respira no es menor, son partículas finas con metales pesados que se acumulan en el cuerpo y dañan la salud. Además, muchas de estas empresas no solo producen, también procesan residuos del extranjero, como baterías usadas, liberando contaminantes que afectan a toda la ciudad. Monterrey no solo genera contaminación, también recibe y carga con desechos ajenos bajo la lógica de un desarrollo que beneficia a unos cuantos.
Aquí aparece la contradicción central, trabajar para vivir, pero trabajar en condiciones que deterioran la propia vida. Puede parecer una afirmación radical, pero los datos y las consecuencias la sostienen. Las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares y los daños a largo plazo no son casos aislados, son el resultado directo de un modelo económico que beneficia a unos cuantos mientras expone a la mayoría. Las grandes industrias no pueden seguir ocultándose detrás del discurso del progreso. Han sido durante años las principales responsables de la degradación ambiental en la región, operando con regulaciones débiles o inexistentes y con una supervisión prácticamente nula. Se presentan como motores de desarrollo, pero en realidad trasladan los costos a la población, contaminan el aire, deterioran la salud y después dejan que sea la sociedad quien cargue con las consecuencias. A esto se suma la desatención del gobierno, que ha sido constante y evidente. Lejos de establecer controles estrictos o sanciones ejemplares, las autoridades han permitido que la industria continúe expandiéndose sin considerar los impactos ambientales y sanitarios. No hay políticas contundentes, no hay estrategias integrales y, sobre todo, no hay voluntad política para enfrentar a los grandes intereses económicos que sostienen este modelo. La omisión también es responsabilidad, y en este caso ha sido clave para que el problema se agrave.
El problema ya no se limita a los trabajadores de estas industrias, ha alcanzado a toda la población. Casos recientes lo evidencian con claridad, al menos 83 menores de distintos Centros de Desarrollo Infantil dieron positivo a altos niveles de plomo en sangre, según estudios de Tec Salud. A esto se suman denuncias en colonias como la Obrera, donde vecinos han reportado niveles preocupantes de contaminación y un incremento en diagnósticos de cáncer en los últimos años. No son coincidencias, son consecuencias.
Más del 90 por ciento de los días del año presentan mala calidad del aire. El problema no es nuevo, ni desconocido para la sociedad o para el gobierno, pero las soluciones no llegan porque se sigue privilegiando a la gran industria por encima del bienestar colectivo. Se protege la inversión y ganancia privada, pero no la vida. La situación ha alcanzado incluso a la infancia, y esto obliga a plantear una pregunta de fondo, sin niños sanos, ¿qué futuro se está construyendo? No se puede hablar de desarrollo cuando las nuevas generaciones están creciendo en un entorno que las enferma desde temprana edad. Hoy, más que nunca, es necesario entender que el bienestar de la población no es un obstáculo para el desarrollo, es su base. Sin trabajadores sanos no hay industria que se sostenga, sin comunidad no hay crecimiento posible. La salud no puede seguir siendo el costo invisible del progreso. La exigencia es clara, se necesitan acciones reales, firmes y proporcionales a la magnitud del problema. Es responsabilidad del gobierno dejar de proteger intereses económicos y comenzar a garantizar derechos fundamentales. Y es responsabilidad de la sociedad no normalizar lo que nos está enfermando. Porque al final, no se trata solo de contaminación, se trata de vida, de dignidad y de justicia. Y todo este mal que sucede en nuestro ecosistema solo lo puede modificar el pueblo unido, organizado y en acción prevaleciendo la justicia y equidad de todos.
