Por: Ramón Rosales Córdova
Nuevo León atraviesa una crisis de vivienda que desde hace años dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las contradicciones más profundas y notorias del modelo económico actual. Mientras cientos de miles de familias buscan desesperadamente una casa digna, cercana a sus trabajos y a sus seres queridos, dentro de la misma ciudad permanecen miles de viviendas abandonadas durante décadas, acumulando polvo y aumentando su valor para beneficio de unas cuantas empresas inmobiliarias. El año pasado se calculaba que existían un déficit habitacional de más de 700 mil viviendas en el estado. Al mismo tiempo, los precios de renta y de compra se han vuelto prácticamente imposibles para la mayoría de los trabajadores. Para una familia obrera, un maestro, un comerciante o un joven recién egresado es prácticamente imposible que puedan acceder a una vivienda cerca de las zonas donde crecieron. La consecuencia es evidente, miles de personas se ven obligadas a irse a las periferias, a municipios cada vez más alejados, donde el transporte consume horas de vida y gran parte del salario.
Sin embargo, el problema no es únicamente la falta de casas, el problema real es que la vivienda dejó de verse como un derecho y comenzó a tratarse exclusivamente como mercancía. Dentro del área metropolitana de Monterrey existen colonias completas con infraestructura, servicios, escuelas, hospitales y vialidades, donde hay viviendas deshabitadas desde hace 10, 20 o incluso 30 años. Casas completamente funcionales que no cumplen ninguna función social porque las inmobiliarias y grandes propietarios prefieren mantenerlas vacías hasta que el mercado les permita venderlas o rentarlas a precios todavía más altos que se vuelven inasequibles para los trabajadores. Es decir que, mientras miles de familias viven hacinadas o alejadas de la ciudad, cuando hay casas solas esperando el momento “ideal” para generar mayores ganancias. Esa es la lógica del sistema capitalista, al sistema no le importa si la necesidad humana existe, lo importante es cuánto beneficio económico puede sacarse de ella. La contradicción es abismal, muchas casas sin gente y mucha gente sin casa y esta situación tiene consecuencias sociales notorias. Los hijos de quienes construyeron su vida en ciertas colonias ya no pueden quedarse cerca de sus padres. Jóvenes que crecieron en barrios populares o residenciales terminan viviendo en municipios lejanos porque simplemente no encuentran opciones accesibles dentro de la ciudad y el problema no es solo la lejanía si no todas las otras deficiencias a las que se enfrentan, el tráfico, el más transporte público, la inseguridad y los precios altos en rentas.
Por eso resulta necesaria una medida que permita combatir el uso de la vivienda como negocio, como ha planteado antorcha en uno de sus 4 ejes de acción se debe aplicar impuestos progresivos a las casas abandonadas durante largos periodos de tiempo, para así impedir que grandes inmobiliarias y propietarios conviertan el derecho a la vivienda en un lucrativo negocio permanente. Una ciudad no debe construirse únicamente pensando en la ganancia inmobiliaria, debe pensarse para quienes la habitan y la hacen funcionar la sociedad todos los días, los verdaderos generadores de riqueza, es decir los obreros, estudiantes, amas de casa, maestros y jóvenes también tienen derecho a vivir cerca de sus centros de trabajo, de sus familias y de los lugares donde crecieron.
Ante esta situación, cobra todavía más importancia el trabajo que durante años ha impulsado Antorcha mediante la creación de colonias populares y proyectos habitacionales organizados. El mercado excluye a la mayoría y el gobierno responde con lentitud o burocracia. Las colonias impulsadas por Antorcha no surgen espontáneamente ni aparecen por voluntad de algún funcionario. Son producto de la lucha organizada de cientos de familias que buscan un patrimonio digno para sus hijos. Familias que entienden que solos difícilmente podrán acceder a una vivienda, pero que unidas pueden gestionar servicios, terrenos y proyectos habitacionales.
En muchas ocasiones los proyectos de colonias se enfrentan a obstáculos burocráticos, retrasos administrativos o falta de voluntad política. Pero aun así continúan avanzando porque existe una necesidad real detrás de ellos. La gente sigue viendo en estas colonias una oportunidad más accesible para construir seguridad y estabilidad para sus familias. La crisis de vivienda en Nuevo León no es natural ni inevitable. Es resultado de un modelo que privilegia la ganancia muy por encima de las necesidades humanas. Mientras existan viviendas utilizadas como instrumentos financieros y no como hogares, seguirá creciendo la desigualdad y seguirá expulsándose a miles de familias.
