Por: Lenin Nelson Rosales
En México, enfermarse se ha convertido en una tragedia para millones de familias. Lo que debería ser un derecho garantizado por el Estado hoy es una lucha diaria contra hospitales saturados, consultas retrasadas y medicamentos inexistentes. Mientras los pacientes recorren clínicas y farmacias buscando atención, el gobierno federal sigue cambiando instituciones, modificando nombres y anunciando soluciones que terminan convertidas en nuevos fracasos.
La historia reciente del sistema de salud es un claro ejemplo de improvisación. El Seguro Popular, creado en 2003, llegó a brindar cobertura a más de 50 millones de mexicanos que no contaban con seguridad social. Tenía deficiencias y requería mejoras, pero representaba una estructura de atención para millones de personas que de otra manera habrían quedado completamente desprotegidas.
Sin embargo, en 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecerlo para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). La promesa fue grandiosa: atención médica universal, gratuita y con medicamentos suficientes para toda la población. Morena presentó el proyecto como la solución definitiva a los problemas históricos del sector salud.
La realidad fue otra, apenas tres años después, el propio gobierno terminó eliminando el INSABI. El 29 de mayo de 2023 se publicó el decreto que transfirió sus funciones al IMSS-Bienestar. En menos de un sexenio desaparecieron un sistema, crearon otro y posteriormente también lo eliminaron para sustituirlo por un tercero. Tres modelos distintos para atender a la misma población.
La pregunta es inevitable: ¿dónde estuvo la planeación? ¿Cómo puede construirse un sistema de salud eficiente cuando las instituciones cambian constantemente según la voluntad política de quienes gobiernan?
Los resultados tampoco respaldan los discursos oficiales. De acuerdo con el informe Radiografía del Desabasto 2023, elaborado por el colectivo Cero Desabasto, más de 7.5 millones de recetas quedaron sin surtirse completamente en las instituciones públicas de salud durante ese año. Más de cinco millones correspondieron al IMSS.
A pesar de ello, el gobierno decidió trasladar aún más responsabilidades al IMSS-Bienestar. En lugar de resolver los problemas estructurales del Seguro Social, optó por aumentar su carga de trabajo. Basta visitar cualquier clínica pública para observar la realidad: salas de espera abarrotadas, especialistas insuficientes, largas filas y atención limitada por falta de recursos.
La situación se vuelve todavía más indignante cuando recordamos las promesas realizadas durante el sexenio. Se aseguró que México tendría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Se prometió el abasto total de medicamentos. Se anunció una transformación histórica. Pero los pacientes continúan enfrentando las mismas carencias de siempre.
Uno de los ejemplos más claros fue la llamada Megafarmacia del Bienestar. Presentada como la solución definitiva al desabasto de medicamentos, fue anunciada con enormes campañas de difusión. Se aseguró que cualquier medicamento faltante podría conseguirse rápidamente para cualquier paciente del país.
Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas. Diversos reportes revelaron que durante sus primeros meses de operación solamente se atendió una pequeña parte de las solicitudes recibidas. Lo que se presentó como una solución histórica terminó convirtiéndose en otro símbolo de la distancia entre la propaganda gubernamental y la realidad.
Después vinieron nuevas ocurrencias. Se habló de minifarmacias y ahora de expendios de medicamentos, como si distribuir cajas de medicinas fuera suficiente para resolver una crisis sanitaria nacional.
Pero los medicamentos no son cualquier mercancía. Muchos requieren refrigeración, controles estrictos de temperatura, supervisión profesional y protocolos específicos para garantizar su conservación. La salud pública no puede administrarse mediante improvisaciones ni ocurrencias mediáticas.
Lo más grave es que esta realidad suele ser negada o minimizada por quienes tienen la responsabilidad de resolverla. En lugar de reconocer errores y corregirlos, muchas veces se opta por desacreditar las críticas o esconder los problemas detrás de discursos triunfalistas.
¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar esta situación? ¿Cuánto tiempo seguiremos esperando que los problemas se resuelvan por sí solos? La historia demuestra que los derechos sociales nunca han sido regalos de los gobernantes. Han sido conquistas obtenidas mediante la organización y la lucha colectiva del pueblo.
Por eso resulta urgente que los mexicanos levanten la voz. Que exijan hospitales dignos, medicamentos suficientes y atención médica de calidad. Que demanden soluciones reales no sólo para la salud, sino también para la vivienda, la educación, los servicios básicos, la ciencia, la cultura y el desarrollo nacional.
Si queremos transformar verdaderamente al país, el primer cambio debe producirse en la conciencia de la población. Un pueblo resignado jamás conquistará sus derechos. Un pueblo organizado sí puede hacerlo.
Porque mientras el pueblo permanezca callado, seguirán decidiendo por él. Pero cuando el pueblo se organiza y lucha, ninguna autoridad puede ignorarlo para siempre.
