Por: Pedro Martínez Coronilla
Desde sus inicios, el programa de Pensiones del Bienestar se presentó como el emblema de una nueva política social en México. Envuelta en un discurso de justicia social, la narrativa oficial prometía brindar alivio a la vejez de millones de trabajadores mexicanos.
Sin embargo, al mirar el panorama completo, debemos preguntarnos: ¿hemos avanzado realmente hacia una jubilación digna o simplemente hemos maquillado la crisis estructural que corroe el sistema pensionario desde hace casi tres décadas?
La realidad es cruda y tozuda, a pesar de los discursos y las reformas, seis de cada diez trabajadores en activo se encaminan hacia un retiro en el que no podrán acceder a una pensión laboral suficiente. Esta no es una estadística menor; es el reflejo de una falla sistémica que se ha normalizado.
Mientras tanto, el dinero de los trabajadores, aquel que debería garantizar su futuro, se ha convertido en el combustible de una maquinaria financiera que no conoce de crisis. Los datos son elocuentes: en 2025, las Afores obtuvieron ganancias que superaron por primera vez el billón de pesos, duplicando las del año anterior, y apenas en abril pasado, la fiesta continuó con un incremento adicional del 20.3 por ciento.
Este escenario revela la ecuación perversa del sistema: los ahorros de los trabajadores se utilizan como fichas en la ruleta de la especulación financiera, en la compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores. Las ganancias son para unos pocos, pero las pérdidas y el riesgo, para la mayoría.
Expertos han señalado, el sistema de cuentas individuales, copiado del modelo chileno en los años 90, ha articulado «modernos mecanismos de despojo y explotación». Mientras los bancos y las empresas financieras se enriquecen con la comisión por administrar fondos ajenos, la clase trabajadora ve cómo su «ahorro» para el retiro se diluye o resulta insuficiente para cubrir las necesidades vitales básicas.
En este contexto, la Pensión del Bienestar emerge no como una solución, sino como un paliativo, un apoyo bimestral de 6,400 pesos, que apenas representa la tercera parte del salario mínimo, se ha convertido en el ancla de la que se aferran millones de adultos mayores para no caer en la miseria absoluta.
La lideresa de la Asociación Independiente de Jubilados y Pensionados lo dice con claridad: «viene a ‘compensar’ no tener un régimen pensionario como debe ser». Esa compensación, sin embargo, no debe ser confundida con una pensión digna.
Es la aceptación tácita de que el Estado, al no poder garantizar un ingreso justo a quienes dedicaron su vida al trabajo, ofrece un subsidio que, si bien es invaluable para la supervivencia diaria, perpetúa la precariedad.
Es urgente aclarar el fondo del problema, el resquebrajamiento de las pensiones no es un accidente, sino el resultado de una decisión política: la privatización. Al entregar los fondos a empresas privadas, el Estado se deslindó de su responsabilidad histórica como garante del bienestar de los trabajadores.
Hoy, la «pensión mínima garantizada» que debería ser de al menos un salario mínimo, se encuentra supeditada a la volatilidad de los mercados financieros y al engorroso requisito de acumular semanas de cotización que, para la mayoría, resulta inalcanzable.
La informalidad laboral, que abarca al 55 por ciento de la Población Económicamente Activa, es la otra cara de esta moneda. Treinta y tres millones de mexicanos que trabajan sin contrato, sin acceso a la seguridad social, están condenados de antemano a depender exclusivamente de la ayuda gubernamental para su vejez.
La Pensión del Bienestar, en estos casos, no es un complemento, sino el único sostén. Y aunque su universalidad es un avance en materia de cobertura, no resuelve el problema de fondo: la falta de un empleo digno y de un sistema de seguridad social que proteja a todos por igual.
La omisión al hablar de la reforma al sistema de pensiones es reveladora. El gobierno morenista, que ha hecho de la justicia social su bandera, ha mantenido intacto el esquema privatizador que tanto critica.
Las promesas de una «aseguradora pública solidaria» o las modificaciones a las reglas de inversión de las Afores han sido más ruido que nueces, a menudo utilizadas como fichas de negociación política con sectores como el magisterio, pero sin atreverse a tocar el corazón del negocio.
El problema es mayúsculo y no se resuelve con parches. La Pensión del Bienestar es una herramienta necesaria, pero insuficiente.
Es el salvavidas que se le arroja a quien se ahoga, en lugar de reparar el barco. Mientras los gobiernos sigan esquivando la discusión sobre el retorno a un sistema solidario y manejado por el Estado, donde el trabajador no esté a merced de la especulación financiera, seguiremos condenados a que la vejez signifique, para la mayoría, una lucha diaria por la supervivencia.
La verdadera calidad de vida para los jubilados no se mide en miles de pesos de un apoyo, sino en la certeza de que su trabajo y su vida fueron valorados en su justa medida.
