Cd. Victoria, Tam.- El daño ambiental en Tamaulipas no es un hecho aislado, en los últimos dos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a 254 personas físicas y morales, incluidos ayuntamientos y dependencias gubernamentales, por conductas que degradan ecosistemas, contaminan recursos naturales y afectan la salud pública. Estas acciones están previstas en la legislación ambiental y, en diversos casos, tipificadas como delitos que pueden derivar en sanciones administrativas, económicas y penales.
De acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia, entre 2023 y 2025 la Profepa realizó 254 inspecciones a instituciones públicas, empresas y particulares señalados por afectar el medio ambiente. Como resultado, se impusieron 219 multas, 30 amonestaciones y cinco decomisos, evidenciando no solo la recurrencia de estas prácticas, sino también la amplitud de sectores involucrados. Entre los casos más preocupantes destacan 20 sanciones a instituciones públicas.
Sobresalen el Gobierno municipal de Aldama y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, identificados como reincidentes en conductas que impactan negativamente al entorno. En total, las sanciones se distribuyen entre 131 personas físicas y 103 personas morales, lo que revela que el problema trasciende lo individual y alcanza dimensiones estructurales.
Particularmente grave es el caso de la Secretaría de Salud, que ha incurrido en violaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Estas faltas incluyen la disposición ilegal de residuos, el manejo inadecuado de materiales peligrosos, la omisión en la remediación de sitios contaminados y el incumplimiento de obligaciones administrativas. No se trata de infracciones menores: el mal manejo de residuos, especialmente los de carácter infeccioso, puede derivar en daños irreversibles a los ecosistemas y representar riesgos directos para la salud de la población.
Los municipios donde se ubican hospitales señalados por estas prácticas son Abasolo, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Reynosa reflejan la extensión territorial del problema, que no se limita a una sola región del estado.
El sector privado tampoco queda exento. Restaurantes, constructoras, industrias petroquímicas, mineras, automotrices y de servicios portuarios figuran entre las empresas sancionadas, lo que confirma que el deterioro ambiental responde a una cadena de responsabilidades compartidas.
En muchos casos, las multas resultan menores frente al daño causado o al beneficio económico obtenido, lo que permite que estas prácticas continúen.
