Por: Lenin Nelson Rosales Córdova
Hablar de bienestar mientras miles de familias carecen de una vivienda digna es una contradicción que ningún gobierno debería permitirse. No basta con repetir que primero son los pobres cuando, en los hechos, miles de trabajadores siguen destinando gran parte de su salario al pago de una renta, viven hacinados con familiares o levantan viviendas precarias porque el Estado ha renunciado a garantizar uno de los derechos más elementales de todo ser humano: tener un hogar.
La Constitución no deja lugar a interpretaciones. El artículo 4º establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Ese derecho no es un regalo de ningún gobernante ni depende de la voluntad política del partido en el poder. Es una obligación constitucional del Estado mexicano. Sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad es cada vez mayor.
En Chihuahua, el problema adquiere dimensiones alarmantes, más de 400 mil familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna según datos de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi). Son miles de obreros, empleados, madres solteras, jornaleros, comerciantes y trabajadores que todos los días hacen enormes sacrificios para pagar una renta que consume buena parte de sus ingresos. Muchos viven con el temor permanente de ser desalojados; otros han renunciado al sueño de tener un patrimonio porque comprar una casa parece una meta imposible.
Resulta indignante que, mientras estas familias sobreviven entre carencias, el gobierno federal insista en construir un discurso triunfalista sobre el combate a la pobreza. La propaganda no sustituye las políticas públicas. Los anuncios espectaculares no construyen casas. Los discursos tampoco pagan rentas ni entregan escrituras.
La política de vivienda ha dejado de ser una prioridad nacional. Durante años se han presentado programas que prometen resolver el rezago habitacional, pero la realidad demuestra que el déficit persiste y que miles de mexicanos continúan esperando una respuesta. La necesidad crece más rápido que las soluciones.
Una vivienda digna no significa únicamente cuatro paredes y un techo. Significa acceso a agua potable, drenaje, electricidad, calles pavimentadas, transporte público, escuelas y servicios de salud. Significa ofrecer seguridad a los hijos, estabilidad para las familias y la posibilidad de construir un patrimonio que no desaparezca cada mes en el pago de una renta.
Cuando el gobierno incumple con esta responsabilidad, no solamente viola un mandato constitucional; también condena a generaciones enteras a vivir sin certezas. La desigualdad se profundiza, los asentamientos irregulares aumentan y miles de familias quedan atrapadas en un círculo del que resulta casi imposible salir.
Frente a esta realidad, el Movimiento Antorchista ha sostenido durante décadas una lucha permanente para que las familias más humildes tengan acceso a un terreno, a una vivienda y a servicios básicos. Esa lucha no ha sido sencilla. Ha encontrado puertas cerradas, indiferencia burocrática y autoridades que prefieren ignorar las demandas sociales antes que sentarse a resolverlas.
La cerrazón oficial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para atender esta necesidad. Con demasiada frecuencia, las autoridades reciben pliegos petitorios, prometen revisar expedientes y ofrecen mesas de trabajo que terminan sin resultados concretos. Mientras tanto, las familias siguen esperando.
Pero si algo ha demostrado la historia de México es que ningún derecho importante ha sido conquistado gracias a la buena voluntad de los gobernantes. La jornada laboral de ocho horas, la educación pública, el acceso a la tierra y muchas otras conquistas fueron resultado de la organización popular. La vivienda no será la excepción.
Por eso la lucha organizada mantiene plena vigencia. No porque genere confrontación, sino porque obliga a las autoridades a escuchar a quienes durante años han permanecido invisibles. Cuando los ciudadanos actúan de manera aislada, sus demandas suelen perderse en la burocracia. Cuando se organizan, adquieren la fuerza suficiente para defender derechos que la Constitución ya les reconoce.
Hoy más que nunca es indispensable que el Estado mexicano deje de administrar la escasez y asuma su responsabilidad constitucional. Gobernar implica resolver problemas reales, no construir narrativas optimistas. La vivienda debe convertirse en una prioridad nacional con recursos suficientes, programas transparentes y mecanismos que permitan a las familias trabajadoras acceder a un patrimonio sin endeudarse de por vida.
No puede hablarse de justicia social mientras miles de niños crecen en viviendas improvisadas, mientras padres y madres viven con la incertidumbre de perder el techo que rentan y mientras trabajadores honestos descubren que, por más que se esfuercen, jamás podrán comprar una casa.
Las autoridades federales, estatales y municipales tienen una responsabilidad que ya no admite excusas. Deben escuchar a quienes durante años han solicitado soluciones, abrir el diálogo con las organizaciones sociales y convertir el derecho a la vivienda en una realidad para miles de familias que hoy siguen esperando.
Y a los ciudadanos también corresponde asumir una responsabilidad histórica. Ningún derecho se conserva si la sociedad permanece callada. La organización popular sigue siendo el camino más efectivo para defender las causas del pueblo, exigir el cumplimiento de la Constitución y recordar a los gobernantes que están obligados a servir a la sociedad, no a darle la espalda.
Ya no hay tiempo para la indiferencia. La vivienda digna no puede seguir siendo una promesa de campaña ni una estadística en los informes oficiales. Es un derecho humano, una obligación del Estado y una demanda urgente de miles de familias chihuahuenses.
Solo un pueblo organizado puede transformar la realidad. La historia lo demuestra una y otra vez. Es momento de que las autoridades atiendan esta exigencia con la seriedad que merece y de que más ciudadanos se sumen a la lucha por un derecho que pertenece a todos. Porque una casa no es un privilegio: es la base de una vida digna y de una sociedad verdaderamente justa.
