Por: Noel González Jiménez
Hablar del rezago educativo en México durante 2026 no significa únicamente revisar cifras o presupuestos. Significa hablar de miles de jóvenes que todos los días enfrentan una decisión que nunca debieron tomar: seguir estudiando o abandonar las aulas para trabajar y ayudar a sostener a sus familias.
La educación ha sido, desde siempre, el pilar fundamental sobre el que se construyen las naciones. No existe médico, ingeniero, maestro, abogado, arquitecto, científico o técnico que no haya pasado por un salón de clases. Ningún país ha logrado alcanzar niveles altos de desarrollo económico, tecnológico o social sin invertir seriamente en la formación de su gente. Por ello resulta preocupante que, pese a los discursos oficiales, el rezago educativo continúe creciendo y que miles de estudiantes sigan abandonando sus estudios, especialmente en el nivel medio superior.
El Gobierno Federal ha presumido una inversión histórica en educación para 2026 superior a 1.1 billones de pesos, incluyendo recursos para infraestructura, universidades, programas educativos y becas (https://www.gob.mx/). Tan solo el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó más de 394 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, mientras que la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior cuenta con más de 21 mil millones de pesos, y el programa La Escuela es Nuestra supera los 25 mil millones de pesos.
Nadie puede negar que las cifras son considerables. Sin embargo, el verdadero debate no debe centrarse únicamente en cuánto dinero se gasta, sino en qué resultados produce esa inversión.
Los propios indicadores muestran que el abandono escolar en la educación media superior continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo mexicano. En Chihuahua, por ejemplo, entre los ciclos escolares 2022-2023 y 2024-2025 la matrícula de educación media superior disminuyó en 17 mil 833 estudiantes, equivalente a una reducción cercana al 29.2 por ciento, una realidad que evidencia que las políticas públicas no han logrado contener la deserción escolar.
Las becas representan un apoyo importante para muchas familias, pero no son suficientes cuando el estudiante vive en una vivienda precaria, carece de transporte, debe recorrer largas distancias para llegar a la escuela, enfrenta problemas de alimentación o necesita incorporarse al mercado laboral porque el ingreso familiar ya no alcanza para cubrir los gastos básicos.
Ese es precisamente el gran problema de la política educativa actual: pretende resolver un fenómeno complejo con soluciones parciales.
La educación no puede analizarse de manera aislada. Está íntimamente ligada al desarrollo económico, a la vivienda, a la salud, al empleo y a la movilidad. Mientras una familia siga viviendo en condiciones de pobreza, cualquier esfuerzo educativo tendrá resultados limitados.
Cada vez son más los jóvenes que abandonan sus estudios para ingresar una solicitud de empleo en una maquiladora, en un supermercado, en una empresa de servicios o en cualquier actividad que les permita aportar dinero al hogar. No dejan la escuela porque no quieran estudiar; la abandonan porque las circunstancias económicas los obligan.
Es una enorme injusticia que adolescentes de 16 o 17 años carguen con responsabilidades económicas que corresponden al Estado resolver mediante políticas públicas eficaces.
La Constitución reconoce derechos que deberían traducirse en condiciones reales para las familias mexicanas. El Estado tendría que garantizar vivienda digna, servicios básicos, transporte público eficiente, acceso efectivo a la salud y una educación de calidad. Cuando esas condiciones no existen, los jóvenes terminan pagando el costo de las deficiencias gubernamentales.
La juventud debería ser la prioridad de cualquier gobierno serio. En sus manos está el futuro económico, científico, cultural y productivo del país. Sin embargo, las cifras muestran que miles siguen quedándose en el camino.
En medio de este panorama cobran relevancia las ceremonias de clausura realizadas por las escuelas fundadas por el Movimiento Antorchista Nacional bajo el lema «Es la Hora de los Pueblos». Más allá del acto protocolario, el mensaje dirigido a los estudiantes fue una invitación a no renunciar a la educación.
Durante estos eventos se insistió en una idea que merece ser reflexionada: hoy estudiar también es un acto de valentía. No porque asistir a clases sea un privilegio, sino porque miles de jóvenes deben vencer diariamente obstáculos económicos, sociales y familiares para mantenerse en las aulas.
También se planteó que la educación representa una forma de rebeldía frente a un sistema que, desde esa perspectiva, corre el riesgo de conformarse con otorgar apoyos económicos sin transformar de fondo las condiciones que generan pobreza y desigualdad. Esa es una postura política debatible, pero pone sobre la mesa una preocupación legítima: las becas pueden aliviar necesidades inmediatas, aunque difícilmente sustituyen una política integral de desarrollo social.
Las escuelas impulsadas por el Movimiento Antorchista reiteraron además que mantienen abiertas sus puertas para quienes deseen continuar preparándose profesionalmente, convencidas de que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para romper el círculo de la pobreza.
México necesita mucho más que presupuestos históricos y discursos optimistas. Necesita resultados medibles, políticas públicas integrales y gobiernos capaces de colocar nuevamente a la educación en el centro del desarrollo nacional.
Porque un país que obliga a sus jóvenes a cambiar los libros por una solicitud de empleo está hipotecando su futuro. Y ningún proyecto de nación puede aspirar al progreso mientras estudiar siga siendo un privilegio para algunos y no un derecho efectivo para todos.
