Cambios constitucionales eliminan periodo de veda para aspirantes al OSFAGS y extienden permanencia del fiscal general
Aguascalientes, Ags. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS) y la Fiscalía General del Estado se colocaron en el centro del debate legislativo, luego de que el Congreso local aprobara dos reformas constitucionales que modifican los requisitos para designar al auditor superior y amplían el periodo de duración del fiscal general.
En el caso del ente fiscalizador, se reformó el artículo 27 B de la Constitución Política del Estado para eliminar la restricción que impedía aspirar al cargo a quienes hubieran ocupado, durante los cuatro años previos, puestos como secretario del Ejecutivo, fiscal general, diputado, presidente municipal, síndico, regidor o dirigente partidista. Con la modificación, ahora únicamente se establece que la persona aspirante no deberá estar en funciones en alguno de esos cargos al momento de iniciar el proceso de designación.
El dictamen aprobado argumenta que el ajuste busca armonizar los principios de autonomía e imparcialidad con el derecho de acceso a cargos públicos bajo criterios de mérito y capacidad, al considerar que la limitante anterior reducía el universo de perfiles con experiencia técnica suficiente para encabezar el órgano fiscalizador.
Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. La diputada Alejandra Peña, de Morena, votó en contra al advertir que eliminar el periodo de veda podría debilitar la independencia del auditor frente a los entes auditados, ya que un funcionario podría renunciar poco antes de la convocatoria y postularse sin que exista un margen temporal que garantice distancia política o administrativa.
En paralelo, el Pleno también aprobó la ampliación del periodo del fiscal general, medida que, según sus impulsores, busca dar estabilidad institucional a la procuración de justicia. No obstante, voces críticas señalaron que extender la permanencia en el cargo puede concentrar poder y reducir los mecanismos de control político.
Las reformas reavivaron el debate sobre la autonomía real de los órganos de fiscalización y justicia en el estado, así como sobre los contrapesos necesarios para garantizar que su actuación no esté influenciada por intereses partidistas o coyunturales.
