Integrantes de la comunidad indígena Pima del ejido La Junta, en la sierra de Madera, denunciaron que un particular continúa ocupando 1,170 hectáreas de su territorio, pese a que un Tribunal Unitario Agrario ya ordenó la restitución de esas tierras a favor del ejido
Madera, Chih. – Los representantes comunitarios se trasladaron hasta la Cruz de Clavos para exigir públicamente que se ejecute la sentencia emitida en 2025, dentro de un juicio agrario iniciado en 2023, en el que se reconoce que la superficie pertenece legalmente al ejido indígena.
Miguel Ángel López López, comisario ejidal de La Junta, acompañado del secretario del ejido Noé Toquinto González y del ejidatario Guillermo Rascón Hernández, explicó que el presunto invasor, Benjamín Banda Celis, fue notificado por el actuario del tribunal y se le concedió un plazo de diez días para abandonar el predio, sin embargo se ha negado a hacerlo.
“No pedimos nada fuera de la ley, solo que se cumpla lo que ya ordenó el tribunal”, expresó uno de los integrantes del ejido, señalando que 78 ejidatarios y sus familias resultan afectados por la ocupación del terreno.
Los habitantes señalaron que el conflicto inició en 2016, cuando el particular comenzó a introducirse en el predio argumentando haber adquirido las tierras, una versión que fue desmentida por los tribunales al tratarse de territorio ejidal, considerado inalienable e imprescriptible.
Además del conflicto agrario, denunciaron un clima de intimidación dentro de la comunidad. Aseguran que el presunto invasor introduce ganado en los terrenos para destruir cultivos de maíz y frijol, afectando la economía de las familias.
También acusaron presuntas arbitrariedades del juez penal Víctor Manuel Flores Reyes, del Distrito Judicial de Guerrero, quien —afirman— mantiene procesos por supuesto delito de despojo contra ejidatarios, pese a que el tribunal agrario ya resolvió la propiedad a favor del ejido.
“Nos acusan de despojo dentro de nuestras propias tierras”, denunciaron.
Ante la falta de cumplimiento de la sentencia, la gobernadora tradicional Bertha Alicia Sierra Rivera anunció que solicitarán la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
“Nosotros ya ganamos el juicio, pero parece que la justicia no llega hasta la sierra”, lamentaron los integrantes de la comunidad.
