Han pasado nueve años desde el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, y el caso sigue siendo una herida abierta para el periodismo mexicano. El 23 de marzo de 2017, su voz fue silenciada tras exhibir vínculos entre el crimen organizado y la política local, un tema que continúa siendo incómodo y peligroso en diversas regiones del país.
Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, se distinguió por su valentía. Su trabajo abordaba sin titubeos temas como narcotráfico, violaciones a derechos humanos y feminicidios. “¡Alguien tiene que decir la verdad!”, respondía ante quienes cuestionaban su arrojo. Esa convicción la llevó a publicar, en marzo de 2016, una investigación que revelaba la infiltración del grupo criminal Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa, en candidaturas del PRI y PAN en el municipio serrano de Chínipas.
Un año después, fue asesinada frente a su domicilio. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han señalado la participación de integrantes de Los Salazar, pero la justicia permanece incompleta. Aún están prófugos el presunto autor intelectual, José Crispín Salazar Zamorano, alias “El Tío Pin”, y uno de los autores materiales, Wilbert Jasiel Vega Villa.
El caso condujo también a responsabilidades políticas. Se determinó que el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, estuvo implicado en acciones que derivaron en amenazas contra la periodista, lo que evidenció la colusión entre actores políticos y grupos criminales.
A casi una década, la impunidad sigue siendo el sello del caso. La exigencia de justicia no es sólo por Miroslava Breach, sino por todos los periodistas que ejercen su labor bajo amenaza en México. Su historia permanece como un recordatorio incómodo: en ciertas regiones, decir la verdad sigue costando la vida.
