Por: Noel González Jiménez
Hace apenas unas semanas tuve la oportunidad de colaborar con un reportaje en la revista Buzos de la Noticia donde describía la dependencia de nuestro país del gas de Estados Unidos en un 70%, de la vulnerabilidad al no invertir en infraestructura de almacenamiento y sobre la política federal actual al tratar el tema y que pone en peligro a los diferentes sectores económicos y población en general.
El tema sigue dando mucho de qué hablar dadas las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cambiado de opinión sobre un tema polémico y que tiene que ver con la técnica de extracción de gas en territorio nacional: el fracking.
Y es que la política ha comenzado a parecerse peligrosamente a un eco que se contradice a sí mismo. Lo que antes se condenaba con contundencia, ahora se presenta como una necesidad inevitable. El caso del fracking es, quizá, uno de los ejemplos más claros de esta transformación discursiva que no solo desconcierta, sino que también pone en riesgo a millones de personas.
Recordemos que, durante años, la fracturación hidráulica fue señalada, con justa razón, por los propios gobiernos de la llamada Cuarta Transformación como una técnica destructiva, incompatible con el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Se prometió su prohibición, se levantó como bandera política y se utilizó como símbolo de un cambio de rumbo frente a los excesos del pasado. Sin embargo, hoy esa narrativa ha cambiado. El nuevo plan energético de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2035 abre la puerta a esta práctica bajo el argumento de la “soberanía energética”, como si el daño ambiental pudiera justificarse en nombre de la autosuficiencia.
Pero la realidad no se transforma con discursos, los datos siguen ahí, firmes, incómodos. El fracking requiere millones de litros de agua por cada pozo perforado, agua que después queda contaminada con químicos altamente tóxicos. En un país donde el acceso al agua ya es desigual y, en muchas regiones, crítico, esta decisión no es menor. Es, en esencia, apostar por un modelo que prioriza la extracción sobre la vida.
Y si hay una región donde esta contradicción se vuelve más evidente, es el norte del país. Chihuahua, por ejemplo, lleva décadas enfrentando sequías recurrentes. La tierra se ha agrietado, las presas han disminuido sus niveles y las comunidades han aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber si el agua alcanzará para mañana. En ese contexto, pensar en destinar millones de litros de agua a la fracturación hidráulica no solo resulta absurdo, sino profundamente injusto.
En municipios como Ojinaga, Coyame o Aldama, donde se han identificado importantes reservas de gas shale, la disponibilidad de agua es limitada. Son territorios donde cada gota cuenta, donde el campo depende de ciclos cada vez más impredecibles y donde las familias han tenido que adaptarse a condiciones cada vez más adversas. Introducir el fracking en estas zonas sería, en los hechos, profundizar una crisis que ya existe.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) ha señalado que el riesgo es latente y a este señalamiento se suman organizaciones indígenas, comunitarias y ejidales, ambientalistas y académicos quienes también han denunciado el daño causado por este método de extracción en los últimos 15 años en la región del Totonacapan, donde han desaparecido arroyos, se han contaminado fuentes naturales de agua, reducido los cultivos agrícolas y dañado la salud de sus habitantes. El fracking, por definición, implica la inyección de agua, arena y químicos a alta presión para fracturar el subsuelo. Esa lógica no cambia, aunque se le nombre de otra forma.
Lo que el pueblo mexicano está observando, con preocupación, es el cambio de la narrativa política, y con ella, la confianza de la ciudadanía. Porque cuando un gobierno promete una cosa y luego hace otra, no solo incumple, también erosiona el vínculo con la sociedad. Y en temas tan sensibles como el agua o el medio ambiente, esa pérdida de confianza puede tener consecuencias profundas. Ejemplo claro de esto es el ecocidio en la selva maya por la construcción del Tren Maya.
Los políticos, al final, son pasajeros. Sus decisiones, no. Las obras que impulsan, los proyectos que autorizan y los daños que provocan permanecen mucho más allá de sus mandatos. Por eso, cada decisión debe medirse no solo en términos económicos, sino también en su impacto social y ambiental.
El fracking no es solo una técnica energética; es una definición de prioridades, es decidir, entre cuidar el agua o arriesgarla, entre proteger a las comunidades o exponerlas, entre pensar en el futuro o resolver el presente con soluciones que pueden salir más caras a largo plazo.
Frente a esto, el papel de la sociedad es fundamental. Informarse, cuestionar, no aceptar discursos sin sustento. No dejarse distraer por las cortinas de humo que, con frecuencia, desvían la atención de los temas realmente importantes. Hoy más que nunca, se requiere una ciudadanía crítica, organizada y consciente de lo que está en juego.
