Las comunidades y autoridades indígenas de la Huasteca (pueblos náhuatl y tének) manifestaron su rechazo absoluto a los proyectos energéticos y extractivistas que ponen en riesgo su vida, agua y territorio, y llegaron a 11 acuerdos para defender su tierra y los recursos naturales de México.
Lo anterior, en el marco de las recientes movilizaciones en los municipios de Tancanhuitz y San Antonio, donde se lograron acuerdos importantes entre las comunidades indígenas, donde destaca: no otorgar el consentimiento indígena para la exploración o explotación del subsuelo (gas, petróleo, minería), ni se permitirán los cambios de uso de suelo.
Demandan al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum cumplir los compromisos de campaña de prohibir por ley el fracking y la minería a cielo abierto en todo el país; al ser sujetos de derecho público, las comunidades acuerdan no firmar actas ni minutas, ni recibir apoyos gubernamentales que impliquen —de forma implícita o explícita— ceder sus recursos o su autonomía de decisión.
Advierten que, debido a la geología cárstica (porosa) de la Huasteca, el agua está interconectada, por ello acordaron prohibir en los estatutos comunitarios el uso o venta de agua para fines de hidrocarburos o minería, registrando estas modificaciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Además, desconocen y declaran nula cualquier consulta simulada que organicen la Semarnat, la ASEA, Pemex o entes privados mediante internet o asambleas con líderes cooptados, Entre los acuerdos se encuentra que, las comunidades se oponen tajantemente a la Reforma Energética y a los planes de Pemex, rechazando ser catalogadas como una “población de sacrificio” en aras del desarrollo industrial y acordaron expulsar de forma pacífica a cualquier técnico o empresa que ingrese a sus tierras a realizar estudios geológicos o levantamientos topográficos.
